Pluralismo legal y administracion de justicia comunitaria informal en america latina


LA FORMALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INFORMAL



Descargar 210.37 Kb.
Página5/14
Fecha de conversión06.02.2020
Tamaño210.37 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
LA FORMALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INFORMAL
Cuando Stavenhagen escribió en 1988, encontró algunas menciones de los usos y costumbres en la legislación latinoamericana, “pero no era definida en leyes y códigos, y en general [la ley consuetudinaria] es ignorada en la aplicación de las leyes” (Stavenhagen 1988: 99) El desarrollo de los sistemas legales indígenas entró a una nueva era en los noventa, cuando las constituciones latinoamericanas empezaron a reconocer legalmente su autoridad pública y jurisdicción legal. Hay tres razones importantes para este reconocimiento formal. Primero, los estados respondieron a una presión intensa de las organizaciones indígenas para reconocer sus derechos colectivos como pueblos, siguiendo décadas de organización y activismo político de las organizaciones de los pueblos indígenas (Assies, et al. 2000; Brysk 2000; Stavenhagen 1992; Van Cott 2000b; Yashar 1998). La demanda por reconocimiento oficial de la ley indígena no puede ser entendida de manera aislada. Es una parte integral de la demanda articulatoria de todos los movimientos indígenas en el hemisferio: la demanda a la autodeterminación. Ese término abarca el derecho al autogobierno y la autonomía para desarrollar libremente sus instituciones políticas, legales, económicas, sociales y culturales, mientras alcanzan plena representación en el sistema político estatal.11 Como observa Sieder, “la ley consuetudinaria puede ser entendida como una estrategia contrahegemónica usada por las comunidades indígenas para proteger su limitada y condicionada autonomía del estado central (1998: 105). En la lucha contra siglos de injusticia estatal dirigida a comunidades indígenas, la demanda de autonomía en la administración de justicia es particularmente importante (Sieder 1999: 111).

Segundo, los estados necesitan extender la presencia de los sistemas de justicia formales a través de su territorio, particularmente en las comunidades rurales (ver Murga Armas 1999: 330). En los ochenta, cuando los movimientos indígenas están consolidando organizaciones nacionales y regionales, estados latinoamericanos y organizaciones internacionales empezaron a enfocar su atención en las serias deficiencias de los sistemas de justicia de la región. Estudios del Banco Mundial y otros estudios sobre la administración de justicia en Latinoamérica encontraron que [la administración de justicia] es


ineficiente y no efectiva, que existen grandes demoras y retrasos en los casos, limitado acceso a la justicia, las decisiones de los tribunales carecen de transparencia y previsibilidad [la habilidad de anticipar el resultado], una escasez de recursos financieros, materiales y otros, y la debilidad de la confianza del público en el sistema judicial. (Traducción de la autora; Malik y Martínez 1999: 827).
Adicionalmente, la corrupción y la impunidad son características endémicas de muchos sistemas de justicia en América Latina (Méndez, O’Donnell, y Pinheiro 1999). La calidad de la administración de justicia latinoamericana es tan pobre que inclusive poderosos intereses económicos están buscando alternativas foros privados de arbitraje. Como argumenta Ochoa, “el estado no ha podido esconder la crisis que existe con respecto a la justicia y esto muy posiblemente fue una de los factores decisivos en el acuerdo estatal de reconocer órdenes jurídicos indígenas (Ochoa García n.d.: 13). En Colombia, el primer país en reconocer constitucionalmente las jurisdicción legal indígena en 1991, los constitucionalistas buscaron extender la ley y autoridad públicas la cuarta parte del territorio colombiano ocupado por reservas indígenas como un contra peso al control de las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes. Los constitucionalistas bolivianos buscaron extender el dominio de la ley en vastas áreas rurales desatendidas por la policía o las cortes (Van Cott 2000a, 2000b). Muchos de los proyectos para reconocer la ley indígena son auspiciados por organizaciones internacionales (PNUD, BID, Banco Mundial, Naciones Unidas) como parte de un esfuerzo mayor para mejorar la administración de justicia en América Latina (Assies, de próxima aparición; García 2000; Marés 1997: 174; Sieder 1998: 112).

Tercero, las normas internacionales para el tratamiento de minorías y pueblos indígenas desarrollado en los ochenta requieren que los estados reconozcan la ley indígena. El Convenio 169 (1989) de la OIT requieren que los estados permitan a las comunidades indígenas conservar sus costumbres e instituciones legales en cuanto no violen derechos fundamentales definidos por la ley nacional e internacional (Artículos 8, 9).12 México (1990), Colombia (1991) Bolivia (1991), Costa Rica (1993), Paraguay (1993), Perú (1994), Honduras (1995), Guatemala (1996), Ecuador (1998), Argentina (1999), Brasil (2002), Dominica (2002) y Venezuela (2002) han ratificado la convención, lo que requiere que los estados ajusten su legislación nacional para aplicar su norma, aunque la convención está en efecto automáticamente sin tal legislación. Este mandato legal, junto con la presión de organizaciones indígenas y sus aliados en foros nacionales e internacionales, resultó en la codificación de un número sin precedentes de derechos indígenas en las constituciones latinoamericanas durantes los noventa (Assies et al. 2000; Clavero 1997a, Gómez 1997a; Enrique Sánchez 1996; Van Cott 2000b; von Benda-Beckmann 1997: 24). Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela reconocen la naturaleza multicultural y multiétnica de sus sociedades en sus constituciones. Este reconocimiento provee de un marco normativo para el reconocimiento del pluralismo legal. Los estados que han extendido el reconocimiento más constitucional o estatutario a los sistemas legales indígenas son los países andinos –Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela- con México también extendiendo al menos reconocimiento formal en las reformas constitucionales de 1990 y 2001. Adicionalmente, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay hacen alguna referencia a la ley consuetudinaria (Assies 2001: 83) (ver Tabla 2).



Extender reconocimiento formal a los sistemas informales de justicia, y ligarlos al sistema del estado suscita importantes asuntos normativos y prácticos. En cierta medida, el valor de los sistemas informales de justicia es su informalidad –el hecho que su autoridad se deriva de valores y significados sociales locales que tienen gran autoridad, así como la flexibilidad y dinamismo que su estatus no codificado conlleva (Sieder 1998: 107). Se pierden esta autoridad, flexibilidad y dinamismo si las autoridades comunitarias se convierten en agentes del estado? El reconocimiento formal ha llevado en algunos casos a registrar la ley indígena consuetudinaria por expertos contratados por el estado o por los mismos pueblos indígenas.13 Los primeros lo hacen para proveer estándares que los jueces estatales puedan utilizar al decidir en casos concernientes a los límites de la jurisdicción indígena. Los últimos lo hacen para proteger su versión de su ley, o para enfatizar aspectos que ellos desean dar a conocer al sistema legal del estado. La codificación tiende a darle a la ley una naturaleza estática que no es característica de la ley indígena. El propio proceso ignora el hecho de que la demanda que está siendo reconocida no es a una serie (conjunto) particular de normas que son practicadas fielmente, sino, más bien, al “reconocimiento y resarcimiento de la injusticia histórica y el poder legítimo de regular sus asuntos” (von Benda-Beckmanm 1997: 30). Durante el proceso de codificación surgieron debates internos al seleccionar ciertos aspectos de la ley y convertirlos en la “versión oficial”, mientras otros eran dejados de lado. Por ejemplo, en la Amazonía peruana el Consejo Aguaruna-Huambisa codificó su propia ley “y en el proceso se estableció a su mismo como la instancia final de recurso legal dentro de su autoproclamada jurisdicción. Ese código contiene una lista detallada de ofensas y crímenes y de sus correspondientes castigos” (Assies 2001: 89). Sin embargo, las disputas entre los Aguaruna resultaron en la omisión de adoptar este texto “definitivo”. La codificación realizada por pueblos indígenas puede reflejar un intento de “sanear” la ley indígena para el consumo occidental. Por ejemplo, en las tierras bajas de Bolivia, los Guaraní de Alto y Bajo Izozog, pusieron por escrito sus leyes después de un caso notorio en el que la comunidad había quemado hasta matar a una supuesta bruja, y las autoridades estatales habían tratado de castigar a “los responsables”. El incidente llevó a la crítica de las prácticas guaraníes. La versión escrita no incluye esta sanción como un castigo para brujas, aunque los antropólogos observan que la práctica continúa (entrevistas, Santa Cruz, Bolivia, René Orellana Halkyer, 18 de julio de 1997; Isabelle Combes, 18 de julio de 1997; Assies 2001: 990; Van Cott 2000a). Otro resultado de reconocimiento ha sido la resurrección de métodos de justicia comunitaria que han caído en desuso. Por ejemplo, en el bajo Putumayo, Colombia, Assies escucho que el Inga ha reintroducido el uso del cepo para “probar su tradicionalismo” (Assies, próxima aparición: 15). En el aspecto positivo, el reconocimiento ha causado que algunas organizaciones indígenas busquen “reforzar su propio sistema de justicia, incluyendo la preocupación por los derechos humanos, e idear mecanismos para revisar casos controversiales sin recurrir a cortes no indígenas” (Assies, próxima aparición: 15). Esto pasó en Colombia luego de que un defensor indígena había llevado a la corte a autoridades indígenas para impedir la imposición de castigo físico (ver más adelante).



Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


La base de datos está protegida por derechos de autor ©odont.info 2019
enviar mensaje

    Página principal