Pluralismo legal y administracion de justicia comunitaria informal en america latina



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Las Juntas Vecinales de Bolivia. Aunque la mayoría de sistemas legales informales con los que me he topado tienen sus raíces en comunidades rurales, usualmente aisladas, en Bolivia los migrantes a la ciudades principales de Cochabamba y El Alto (un enorme suburbio de La Paz) han construido sus propios sistemas de justicia a los márgenes de la ley del estado. Una rápida migración en los últimos 20 años a ambas ciudades ha resultado en extensos asentamientos de invasión que son no reconocidos y no servidos por el estado. La rápida urbanización se intensificó en los 80 debido a la crisis económica causada por la hiper-inflación y el ajuste estructural, que dejó en el desempleo a decenas de miles de mineros estatales. Esta sección está basada en un estudio del gobierno boliviano de 1997 sobre cuatro barrios urbanos –dos en El Alto y dos en Cochabamba- que han desarrollado sus propios sistemas legales informales dentro de la figura de la junta vecinal (Ministerio de Justicia, 1999d).

Los orígenes de las juntas son similares a los de las rondas. Las comunidades las formaron para consignar la falta de autoridad estatal con respecto a necesidades comunitarias urgentes. Mientras las rondas redujeron el robo, las juntas defienden ante el gobierno municipal las demandas de las comunidades sobre propiedad y acceso a la infraestructura y servicios públicos urbanos para satisfacer necesidades básicas de vivienda, salud, educación y transporte. Por lo tanto, en ambos casos la administración de justicia fue una función subsidiaria aunque importante de las autoridades de la ronda/junta. Tanto las rondas como las juntas tuvieron que luchar en contra de la cooptación por partidos políticos para afirmar su autonomía política y cultural.

Mientras las rondas fueron inventadas de nuevo en la ausencia de estructuras tradicionales de autoridad étnica, las juntas adaptaron instituciones culturales y de autoridad, rurales, contemporáneas aymará y quechua. Los nuevos migrantes a El Alto y Cochabamba mantenían lazos con sus comunidades de procedencia, frecuentemente manteniendo los derechos a una parcela de terreno y regresando al menos una vez al año para asistir a fiestas y eventos familiares (Ministerio de Justicia 1997d: 27). Aunque hay variaciones entre los barrios urbanos y aún entre los cuatro casos estudiados, en muchos lugares los barrios eran esencialmente mono-étnicos y podían estar compuestos predominantemente por emigrantes de una provincia. La incorporación de normas y estructuras de autoridad étnicas es más probable entre migrantes aymaras, cuyas estructuras de autoridad rural (ayllus) todavía sobreviven. Según los investigadores, el barrio de Alto Lima presenta todos las características de la cultura aymara fusionadas con la experiencia de sindicato de muchos ex mineros aymaras. El sistema de justicia urbano es bastante similar al sistema de justicia aymara rural, excepto que “los aspectos formales son aún más rigurosos, tal vez una tendencia ‘natural’ que las circunstancias imponen con el propósito de obtener una apariencia de legalidad en un ambiente “ilegal”...” (Ministerio de Justicia 1997d: 69). En los barrios quechua alrededor de Cochabamba, las costumbres son más probablemente adoptadas de las normas y procedimientos de los sindicatos campesinos, dado que la mayoría de los ayllus en el valle de Cochabamba han sido destruidas y la región ha experimentado un mayor grado de mestizaje. Sin embargo, estos sistemas culturales no fueron transplantados intactos al nuevo medio urbano. Las formas pueden aparecer como occidentales, pero tienen significados específicos a la cultura de las comunidades de origen de los migrantes (Ministerio de Justicia 1997d: 56).

Comparadas con las autoridades locales, las juntas vecinales son instituciones altamente burocratizadas. Las autoridades están diferenciadas y jerarquizadas (“ranqueadas”), y sus funciones y responsabilidades están cuidadosamente puestas por escrito en los estatutos de cada junta. En los cuatro casos estudiados, el número de autoridades de la junta variaba de 12 a 23, cada una de las cuales tenida un cargo particular, como secretario de educación o vicepresidente. La selección de autoridades no está basada en la edad o conocimiento de la cultura, sino más bien en características que incrementan su efectividad en un medio urbano, como la riqueza, el estatus social, la educación y la capacidad de leer y escribir. Algunos de los criterios de liderazgo excluyen explícita o implícitamente a las mujeres: ambas juntas de El Alto requieren que las autoridades hayan realizado el servicio militar, y las cuatro requieren que sean cabezas de familia. Las autoridades, particularmente los presidentes y vice presidentes, son usualmente los hombres más influyentes y ricos de la comunidad (Ministerio de justicia 1997d: 35-39).

La administración de justicia es una responsabilidad del presidente de la junta y/o del secretario de conflictos, alternativamente llamado secretario de justicia. Las responsabilidades puestas por escrito de este último son típicamente: negociar y llegar a consensos con respecto a las disputas sobre los límites de los lotes urbanos y de sus edificaciones; negociar en disputas sobre el uso de la tierra; prestar asistencia en el trazado de los límites de los distritos; y servir como intermediarios en disputas entre vecinos, o entre ellos y otras entidades públicas o privadas. La mayoría de estas responsabilidades son en realidad ilegales – las juntas no tienen la autoridad legal para resolver asuntos de propiedad, que es la esfera de las autoridades municipales. Sin embargo, la mayoría de las disputas tratadas por el secretario de conflictos y el presidente de la junta tienen que ver con disputas sobre la propiedad, las cuales son también la principal fuente de conflicto intra comunitario en las comunidades rurales aymara (Ministerio de Justicia 1997a: 23). Ya que la mayoría de reclamos sobre propiedad urbana no están basados en derechos legales, las juntas informales son el lugar del jurado preferido (Ministerio de Justicia 1997d: 39,43). Otra oficina importante es la secretaría de asuntos de género. Esta es la única posición de autoridad a la cual pueden acceder las mujeres. Las secretarías de género y conflictos a veces trabajarán juntas en disputas familiares. Debido a que la armonía familiar es considerada un componente importante de la paz y la tranquilidad dentro del barrio, las juntas frecuentemente intervienen en tales asuntos.10

Aunque las obligaciones de las autoridades de la junta son explícitas, las normas que tienen que implementar con respecto a la administración de justicia no lo son. La esfera de acción de las autoridades de la junta prácticamente no tiene límites, abarcando disputas sobre propiedad privada, abuso de autoridad pública, crimen y delincuencia, y relaciones domésticas. Las reglas internas escritas de las juntas incorporan las estructuras y procedimientos occidentalizados de las uniones rurales de campesinos, pero éstas están fusionadas con normas culturales andinas (Ministerio de Justicia 1997d: 35). Notas detalladas de reuniones, resoluciones de conflictos, sanciones y otras ocupaciones de la junta son registradas cuidadosamente en el Libro de Actas. Este también es un rasgo de los sistemas de justicia andinos rurales contemporáneos. En ambos escenarios, si las autoridades saben que ciertos procedimientos o sanciones violan la ley del estado, pueden omitirlas del registro escrito (Ministerio de Justicia 1997a: 29).

En todas las cuatro juntas estudiadas hay dos foros de resolución de conflicto ligados y paralelos: el tribunal disciplinario, compuesto por unos pocos de los miembros más honestos y respetados de la comunidad, y la acción directa del presidente y del secretario de conflictos. El tribunal investiga las demandas y ofrece una solución o media un acuerdo entre las partes en disputa. La solución es entonces registrada en el Libro de Actas. En Villa Adela, El Alto, el Tribunal realiza una investigación y entonces entrega su reporte a la Asamblea General de vecinos, quienes discuten las demandas levantadas y determinan una sanción. Más frecuentemente, sin embargo, la gente busca la intervención directa del presidente de la junta o del secretario de conflictos (Ministerio de Justicia 1997d: 60). La FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales) de la municipalidad puede recibir la petición de revisar la decisión en casos en los que la junta este insegura de su decisión. (Ministerio de Justicia 1997d: 65).

Los castigos más comunes son las advertencias verbales (públicas o privadas), la restitución económica y/o multas, la suspensión temporal de los derechos políticos. En los casos más serios, o por ofensas reiterativas –y esto sólo pasa muy rara vez- una persona puede ser expulsada de la comunidad. Los investigadores no reportan ninguna instancia de castigo físico. En vez de eso, hay una marcada preferencia por resolver el problema con una advertencia o un acuerdo no punitivo, o imponer una multa. Sin embargo, los castigos que levantarían la condena o retribución del estado pueden no ser registrado por los registros escritos de las juntas (o de las comunidades aymara). Por tanto, la incidencia del castigo corporal puede, de hecho, estar subvalorada puesto que el estudio del gobierno está basado en el examen de los registros escritos, con el complemento de unas pocas docenas de entrevistas.

Los procedimientos incorporan frecuentemente la espiritualidad andina. En el barrio de Alto Sebastián Pagador, Cochabamba, es común para la parte agraviada consultar un yatari (un vidente) para que averigüe la verdad de un asunto, la persona responsable (si no se la conoce), o la sanción apropiada. El acusado es entonces sujeto de un interrogatorio duro con el propósito de lograr una confesión. El proceso de sanción se realiza al uso rural, ante un crucifijo y una Biblia, que se colocan sobre un bloque de sal. El acusado se disculpa, promete no volver a caer en el error, y pide perdón. En la fase de sanción, la cual evoca más a la cultura andina, preside el miembro más viejo de la comunidad, con el mayor conocimiento sobre los procedimientos. Como concluyen los antropólogos del Ministerio de Justicia: “Este ritual sella el acto con mayor validez que un papel escrito” (Ministerio de Justicia 1997d: 65). Usualmente se impone una multa y se la registra en el Libro de Actas Ministerio de Justicia 1997d: 63-64). En El Alto las partes agraviadas también pueden buscar privadamente el concejo de un yatiri, y las autoridades de las juntas invocarán las normas de sus ancestros al empezar su tarea de resolución de conflictos. Por tanto, “el sistema de investigación, solución y/o sanción de conflictos, está mediado por sus propios mecanismos y se arraiga en una pasado étnico muy claro, aunque el sistema entero se ha transmutado a códigos y formalidades occidentales” (Ministerio de Justicia 1997d: 68).

Las relaciones entre las juntas y la policía local varían. En Villa Adela, El Alto, la juntas tiene relaciones “fluidas” con la policía y éstas han mejorado en años recientes (Ministerio de Justicia 1997d 58, 64). Pero en Alto Lima Primera Sección, El Alto, donde no hay presencia policial a pesar de las repetidas súplicas de la junta, la junta misma lleva a cabo funciones policiales, usando un sistema de silbatos que alertan a la comunidad de un problema (Ministerio de Justicia 1997d: 58, 69). Si una de las partes no está satisfecha con el resultado, llevarán su disputa a las autoridades estatales, pero no sin antes pedir permiso a la junta. Esto es poco probable dado que las instituciones estatales de justicia son más costosas y probablemente menos útiles para migrantes culturalmente distintos (Ministerio de Justicia 1997d: 71). A la inversa, las autoridades de la junta pueden declinar el manejo de problemas serios, como violación o asesinato, y remitirlas al estado (Ministerio de Justicia 1997d: 64).

Aunque la función de administración de justicia de las juntas no está reconocida en el lenguaje constitucional referente a la ley indígena consuetudinaria, las propias juntas vecinales ganaron “personalidad jurídica” a través de la Ley de Participación Popular de 1994, la cual confería derechos de participación colectiva a las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y las juntas vecinales. En 1993 había un estimado 4.000 a 8.000 juntas vecinales (Van Cott 2000b: 169). Estos nuevos derechos, sin embargo, tienen que ver con la planificación y búsqueda de presupuesto más que con la administración de justicia.

Mas que un sistema de administración de justicia o resolución de disputas, las juntas proveen una forma altamente legítima de gobierno local que “constituye una expresión coherente y completamente representativa de los intereses de toda la comunidad y sus fuerzas sociales” en la cual las acciones están “orientadas fundamentalmente al bien común” (Ministerio de Justicia 1997d: 75). En esencia, donde las juntas tienen una fuerte participación y legitimidad comunitaria, son espacios para la construcción de ciudadanía. Pero estas cualidades varían. En Alto Lima Primera Sección, El Alto, y Villa Alto Sebastián Pagador, Cochabamba, la obediencia a la autoridad de la junta, particularmente a su presidente, está en balance con un esfuerzo por buscar consenso tanto como se pueda porque la junta está considerada como un instrumento del bien común más que de la mayoría. Reuniones para asuntos sencillos pueden durar tanto como seis horas porque continúan hasta que se alcance consenso (Ministerio de Justicia 1997d: 76). Sin embargo, en San Miguel, Cochabamba, una minoría más aculturada tiene la capacidad de dominar al resto de la comunidad por medio de su control de la junta. En Villa Adela, El Alto, la junta está dominada por miembros de la comunidad más acomodados, más asentados, y más modernizados, mientras que quienes han llegado recientemente se fían de sistemas extensivos de compadrazgo como un espacio político y jurídico alternativo (Ministerio de Justicia 1997d: 77-78).





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