Pluralismo legal y administracion de justicia comunitaria informal en america latina


Dos Sistemas Comunitarios de Administración de Justicia



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Dos Sistemas Comunitarios de Administración de Justicia


Helmke y Levitsky argumentan que los casos de estudio inductivos son bloques constructivos esenciales para el desarrollo de la teoría concerniente a las instituciones informales y aconsejan el uso de comparaciones pequeñas –o medianas-. Hacia el final ofreceré dos estudios de caso breves de instituciones de justicia informal que son distintas pero relacionadas con los sistemas de justicia indígena descritos antes: las rondas campesinas del Perú rural; y las juntas vecinales en las áreas urbanas de El Alto y Cochabamba, Bolivia. Estos dos casos fueron escogidos porque nos permiten observar el origen de las instituciones informales, algo usualmente difícil de hacer. El caso de las rondas es particularmente útil porque demuestra cambios marcados a través del tiempo en el funcionamiento de las rondas. Estos sistemas son comparados con los sistemas indígenas tradicionales en la Tabla 1. El lector debe tener en mente la imposibilidad de presentar adecuadamente la gran variedad de sistemas legales indígenas en ese formato esquemático.


“Larga vida a los ronderos/Golpes duros a los traidores

Sácales la cresta/Hasta que cambien la manera en que hacen las cosas”

(“Long live the ronderos/Blows to the traitors

Beat the crap out of them/Until they change their ways)6


Las Rondas Campesinas en Perú. Las rondas campesinas se formaron por primera vez en la departamento del norte del Perú de Cajamarca con el propósito de proveer medios de evitar y sancionar el robo de ganado, que cundía y se había incrementado debido a la crisis económica que había puesto a muchas familias campesinas al límite (Starn 1999: 43). La reforma agraria de principios de los 70 había destruido rápidamente las estructuras de autoridad de la hacienda que habían prevalecido en la sierra, sin remplazarlas con un sistema de autoridad pública efectiva. Los criminales habían corrompido a la policía y los jueces, debiendo los campesinos defenderse a sí mismos (Degregori y Mariños 2000: 392). En gran parte de la sierra norte los sistemas de autoridad culturales habían colapsado hace tiempo. Por lo tanto, las rondas llenaron un vacío de poder público y privado, proveyendo su propio sistema de seguridad colectiva como una alternativa a la devastadora pérdida de su ganado. En los tres años siguientes cientos de comunidades de Cajamarca formaron rondas. El modelo también se diseminó al departamento norteño de Piura, particularmente después de que El Niño de 1983 causara una devastación económica que forzó a muchos campesinos a robar para sobrevivir (Starn 1999: 43). Hacia finales de los 80, se habían formado rondas en los departamentos de Amazonas, Lambayeque y Ancash, y abarcaban más de 3.400 aldeas y mas de 400.000 ronderos, que cubrían un área de más de 60.000 millas cuadradas en el norte de los Andes (Starn 1999: 4, 18).

La ausencia de estructuras de autoridad tradicionales, basadas en la cultura, como aquellas que persisten en el sur, requiere la creación de una institución de justicia informal totalmente nueva. “Es difícil enfatizar lo suficiente la novedad que es que las aldeas administren justicia de la forma en que lo hicieron con las rondas a finales de los 70s y en los 80s” (Starn 1999: 109). La forma que tomaron no estaba basada en tradiciones étnicas, sino en la guardia de hacienda que había sido organizada por los terratenientes para proteger su propiedad en una era anterior, y en la experiencia de los ronderos en el servicio militar (Degregori y Mariños 2000: 395, 403). Estos sistemas de justicia informal no tenían la intención de remplazar al estado. Mas bien las rondas trataron de ligar las comunidades campesinas con el estado (Starn 1999: 60). Starn reporta como las rondas tomaron prestado para sus actividades los símbolos y artefactos que asociaban con la autoridad del estado: una mesa vieja sirve como el banco del juez; “mugrosos estatutos legales, papeles dispersos y a veces una Biblia” son puestos en la mesa; las decisiones y los procedimientos son registrados en un libro y notarizados; los líderes son escogidos por medio de una votación secreta en imitación del sistema político del estado (al menos del ideal [imaginario]) (Starn 1991: 48, citado en Degregori y Mariños 2000: 403). Pero las rondas no eran simples copias de los sistemas de justicia formal: “los aldeanos adoptaron y enmendaron estos modelos para forjar un sistema de disciplina y castigo que era mucho más que una simple copia que algo ya existente” (Starn 1999: 71). Había un fuerte sentido de propiedad de las rondas, que estaban imbuidas en los valores culturales de las comunidades campesinas rurales del norte del Perú (Starn 1999: 149).


Al evolucionar, las patrullas llegaron a significar para los comuneros más que los significaba su función básica aunque limitada de proteger al ganado. Una sociedad, desgarrada por la desconfianza, los celos, el robo, las peleas, la miseria y la corrupción, se estaba recomponiendo. La periodización de la historia en el infierno de “antes de la ronda” y la redención de “después de la ronda” equiparaba el orden con una política de emancipación. (Starn 1999: 96).
Los castigos impuestos frecuentemente eran similares a aquellos utilizados por los sistemas indígenas de justicia, tales como el baño en agua helada en la noche, el azote, u otras formas de castigo físico. Estos métodos también eran tomados de las acciones de la policía en sus comunidades (Degregori y Mariños 2000: 406). Starn fue testigo con horror el uso de la tortura del “pequeño pájaro”7, que fue aprendida de la policía local, junto con otros métodos abusivos considerados efectivos para extraer confesiones. Los comuneros perciben esos métodos como parte del correcto procedimiento policial (Starn 1999; 87). El castigo corporal –particularmente los azotes y el uso del cepo, tomados de la hacienda- era común en los primeros años de las rondas, pero fue usado usualmente sólo para ofensas serias o repetidas. Para reducir la posibilidad del abuso de esta sanción, un pariente o amigo del transgresor hace el azote, lo cual también reduce la posibilidad de intervención judicial. Una amonestación de un pariente para vivir mejor en el futuro precede el castigo, y después la persona castigada da las gracias al azotador y a la comunidad (Starn 1999: 135).8 Al ser menos desesperada la situación del crimen, el uso de violencia por parte de las rondas, al menos en los pueblos del norte estudiados por Starn, empezó a decrecer (Starn 1999: 89; Ardito 2001: 14).

Al disminuir el crimen y aumentar la autoridad y el prestigio de las rondas, a instancia de los pobladores, las rondas se hicieron más activas como mecanismos de resolución de conflictos. Las asambleas de las rondas fueron convocadas para administrar justicia en asuntos criminales locales, como para reducir “altercados y peleas cuerpo a cuerpo” (Starn 1999:113). Había varias razones por las cuales las rondas eran más efectivas en estos aspectos. Primero, tenían el conocimiento y los recursos locales para investigar los hechos de un caso, mientras que la policía y jueces locales no conocían la comunidad y carecían de recursos e interés para realizar investigaciones en el sitio. Segundo, la justicia era expedita en las asambleas de las rondas, que eran mantenidas en promedio una vez por mes en los ochenta.9 La amenaza de llevar a un trasgresor a la policía era usualmente suficiente para hacerle aceptar la autoridad de la ronda, ya que era preferible a languidecer en la prisión por años antes del juicio. Tercero, los juicios eran típicamente gratuitos, aunque Starn escucho de casos aislados en los que los presidentes de la ronda cobraban honorarios o demandaban sobornos. El sistema del estado requería honorarios, notarias, gastos de movilización, y abogados, como tiempo fuera d e las actividades económicas. Finalmente, las asambleas ocurrían en las propia comunidad de los disputantes; no era necesario viajar al ambiente extraño e intimidante de la ciudad, donde la humillación y el abuso eran comunes. Al tiempo que las asambleas de las rondas se volvieron ampliamente usadas en el norte de la sierra –cada pueblo atendiendo más de cien disputas cada año- la policía y cortes locales vieron una dramática reducción en su carga de casos (Starn 1999: 123-138).

Las asambleas de justicia de las rondas usualmente procedían de esta manera. Tres o cuatro casos eran oídos cada noche. Los pobladores –la mayoría hombres- se reunían y sentaban o paraban en un círculo, con las autoridades de la rondas sentadas juntas en una mesa dentro del círculo. A diferencia de las cortes a las que remplazaban, las asambleas tenían la intención de facilitar la participación de la comunidad y todos los participantes eran animados a hablar. Esto era importante en una cultura en que las autoridades estatales habían impuesto siglos de silencio. El círculo tenía la intención de implicar que nadie estaba colocado antes o después que otro. Los procedimientos comenzaban con la presentación de un caso por parte del presidente de la ronda. El principal testigo acusador y el acusado entonces planteaban sus posiciones. A continuación, cualquiera podía lanzar su opinión. Al principio, el acusado y el acusador toman posiciones extremas e intransigentes; con el paso del tiempo la muchedumbre los presiona a ser más conciliatorio, por último demandando que lleguen a un acuerdo. En vez de imponer un veredicto, el presidente de la ronda trata de ver el sentir de la muchedumbre y sugerirlo como una solución. Los presidentes que tratan de imponer su voluntad frecuentemente eran censurados y no re-electos. Los procedimientos frecuentemente continuaban hasta la madrugada, hasta que se llegara a una resolución. Manteniendo la obsesión peruana con la burocracia y la documentación, las asambleas de las rondas del norte mantenían registros escritos de sus actividades, que eran guardados en archivos comunitarios. Siempre se tomaban minutas, las decisiones eran registradas de manera escrita y firmadas por todas las partes y los testigos de las asambleas. Los comités dirigentes de la ronda fijaban sus sellos personales a cada pedazo de papel (Starn 1999: 126-131).

No he tenido noticia de mujeres que sirvan a las rondas o a las asambleas. El rol de la mujer era apoyar las rondas sancionando a aquellos que se negaban a patrullar y alimentando a aquellos que lo hacían. Por tanto, cuando las rondas se volvieron administraciones de justicia comunitaria, se levantó una institución enteramente masculina para juzgar el comportamiento de las mujeres. Por supuesto esto no era diferente del sistema estatal. Starn dice que los hombres campesinos mantenían visiones discriminatorias de las mujeres y tendían a creer que habían cometido una falta. Pegar a la mujer era una práctica común y considerada justificada si la mujer faltaba a su deber. En muchos casos, sin embargo, las asambleas de las rondas apoyaron las quejas de mujeres por abuso doméstico y sancionaron a sus esposos, si la fuerza usada era considerada excesiva o el comportamiento de la mujer no merecía castigo (Starn 1999: 174).

El ejército utilizó el modelo de la ronda a finales de los ochenta y principios de los noventa para organizar a los campesinos del sur en contra de Sendero Luminoso (Starn 1992: 90). Para mediados de los ochenta, los Andes del sur habían sido militarizados. Las primeras rebeliones campesinas anti-Sendero ocurrieron en respuesta a ataques a autoridades comunitarias indígenas, particularmente cuando éstas sustituían a jóvenes senderistas por autoridades mayores. Para principios de los noventa, Sendero estaba en guerra con un campesino que trabajaba con las fuerzas armadas. En 1991 el ejército distribuyó mas de 10.000 pistolas Winchester a las nuevas rondas campesinas (Starn 1998: 232). Pero estas rondas anti-insurgencia tuvieron un origen y propósito distintos a las descritas más arriba.

Los esfuerzos para legalizar las rondas empezaron con la transición a la democracia en 1980, pero la oposición de partidos de centro derecha sin afiliación a la ronda (Acción Popular, Partido Popular Cristiano) frustraron los primeros intentos. Para este tiempo, APRA y Patria Roja habían infiltrado muchas rondas y organizado federaciones de ronda rivales. En 1986, el presidente aprista Alan García promulgó una Ley de Rondas Campesinas (24571), dándoles una posición legal para resistir ataques de la policía y oficiales, y la autoridad para proteger las propiedad individual y comunidad (Degregori y Mariños 2000: 404; Starn 1992: 105). Como las rondas crecieron en fuerza y estatura, el estado tratado de controlarlas y cooptarlas. Siguieron proyectos legales para definir y constreñir las rondas, y continúan hasta este día. Pero hasta ahora el reconocimiento legal ha sido confinado a la protección de la propiedad y a la auto-defensa –las rondas y sus defensores están todavía luchando por el reconocimiento legal de su derecho a administrar justicia (Degregori y Mariños 2000: 404; comunicaciones personales, Raquel Yrigoyen 2002).

Con la declinación de las actividades de la guerrilla a finales de los noventa y principios del 2000, las rondas se han adaptado nuevamente a las necesidades más apremiantes de las comunidades a las que sirven. En algunas áreas han caído en desuso: las patrullas nocturnas han sido suspendidas y se convocan asambleas rara vez. Esto pasó en Piura, donde la administración de justicia estatal ha mejorado dramáticamente en los noventas, y los líderes comunitarios estaban cansados del trabajo no pagado ni agradecido de manejar las rondas (Starn 1999: 264). En otros sitios, además de controlar el crimen, las rondas actúan como representantes políticos ante las autoridades municipales, y se han involucrado en asuntos políticos importantes, como la titulación de tierras (entrevistas, Cuzco, Perú, julio 2002; Degregori y Mariños 2000: 409). En algunas áreas las rondas realizan algunos de los roles asignados a los gobiernos municipales, usualmente sin conflicto con éstas últimas (Degregori y Mariños 2000: 407). Sin embargo, como Degregori y Mariños argumentan (2000: 407), el estado peruano ha fallado en cuanto a tomar ventaja del potencial de las rondas para llenar el enorme vacío en la disponibilidad de administración de justicia, al no vincularlas formalmente a la policía local, gobierno local o al sistema de jueces de paz. Por lo tanto, la informalidad de las rondas continúa siendo una parte importante de su identidad y, quizá, la fuente más fuerte de legitimidad y autonomía.

“Somos como los padres de todo el barrio,

orientamos y proponemos de que haya reconciliaciones”
Autoridad de la Junta Vecinal de Alto Lima, El Alto




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