Pluralismo legal y administracion de justicia comunitaria informal en america latina



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Uruguay

Ninguno




Venezuela, sí, 2002

Constitución de 1999, Artículo 260. Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas pueden aplicar en sus hábitat instancias de justicia basadas en sus tradiciones ancestrales, y que sólo afecten a sus propios miembros, de acuerdo a sus propias normas y procedimientos, dado que no sean contrarias a la Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación entre esta jurisdicción especial y el sistema nacional de justicia.

La constitución, las leyes y el orden público.



1 Estoy en deuda con mis generosos colegas Willem Assies y Raquel Yrigoyen por ayudarme a obtener documentos, y con Fernando García y René Kuppe por transmitirme información sobre el estado de legislación relevante al tema. Las entrevistas llevadas a cabo en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela fueron posibles gracias a una beca de disertación de la Fulbright (1997), y dos premios de desarrollo profesional de la Universidad de Tennessee (1999, 2001).

2 Por “sistema legal” entiendo una institución con la autoridad reconocida para administrar justicia, que posee normas y los medios para crearlas o cambiarlas, autoridades y los medios para escogerlas, procedimientos para arreglar disputas, sanciones y sistemas para reforzarlos (Yrigoyen 2000:202). Por lo tanto omito el vigilantismo, autoritarismo (bossism), paramilitarismo, y otras formas de control social arbitrario y autoritario.

3 Pluralismo legal es “la coexistencia de diferentes órdenes normativos en un espacio socio-político” (von Benda-Beckmann, 1997:1)

4 Stavenhagen estima que existen aproximadamente 400 grupos indígenas diferentes en Latinoamérica (1988: 96). El Banco Interamericano de Desarrollo, basado en datos de 1993 del Instituto Indígena Interamericano que son proporcionados por los estados y tienden a subestimar el número de la población indígena, encuentra un total de 33 millones de indígenas, constituyendo un 7.7 por ciento del total de población de la región. Los países que se considera tienen más de un cuarto de población indígena son Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú; Belice, Chile, Honduras, México, Nicaragua y Panamá oscilan alrededor del 10 por ciento (Deruyttere 1997:1).

5 La ley indígena tenía más posibilidades de sobrevivir bajo regímenes conservadores que mantuvieron los derechos corporativos de propiedad y fueros paternalistas para indígenas. En Guatemala, entre el período colonial y 1985, las autoridades indígenas municipales recibieron la autorización para arreglar disputas internas y para administrar ciertas asuntos de justicia (yrigoyen 1999: 43; Sieder 1998: 99). En Colombia, la autoridad indígena legal y política fue codificada en la Ley 89 de 1890, que reconoció el estatuto legal del resguardo y cabildo indígenas, y el desarrollo de un régimen legal especial para Indígenas (Valencia 1997: 253).

6 Verso de una canción popular sobre la ronda citada por Starn (1999: 84).

7 El acusado es colgado de sus brazos que están atados a la espalda.

8 La violencia de la ronda debe ser evaluada en contexto. Durante los 80, cuando más de 20.000 peruanos murieron por la violencia política, sólo 10 muertes fueron atribuidas a más de 3.000 rondas operando en un territorio extenso. Starn compara los aproximadamente 5000 asesinatos cometidos por la policía y los militares en los Andes sur-centrales durantee los ochenta, con solo 11 asesinatos de las rondas cometidos entre 1976 y 1992, a pesar del hecho de que existían más de medio millón de ronderos activos durante ese período (Starn 1999: 88). Había buenas razonas para la menor violencia de las rondas. Primero, las rondas eran principalmente vecinos sancionadores con los cuales tendrían que coexistir. Segundo, hasta finales de los ochenta, las rondas fueron consideradas ilegales, y sus líderes eran encarcelados por instituir castigos corporales (Starn 1999: 89).

9 En tres cuartos de los casos escuchados en el Tunnel Six, Piura, una disputa era resuelta en una noche, mientras que en el sistema del estado, el asunto tomaba aproximadamente 3 a 4 años.

10 Las disputas de género tienen que ver principalmente con el maltrato a la mujer o el abandono de la casa por la mujer o el hombre (Ministerio de Justicia 1997d: 59). El abuso físico es una característica común de los matrimonios andinos y cierta cantidad de violencia doméstica es esperada y aceptable, como lo indica la norma quechua “(nos) amaremos, (nos) uniremos, (nos) pegaremos” (Ministerio de Justicia 1997d: 62). La secretaría de género interviene cuando la violencia doméstica excede la norma.

11 Esta búsqueda por la auto determinación no debe ser interpretada como un deseo de separarse del estado. Al contrario, la mayoría de pueblos indígenas buscan una mayor integración con el estado, pero quieren hacerlo en sus términos, preservando su identidad y derechos colectivos (Villoro 1997: 119). Casos contemporáneos donde un sector radical de movimientos o pueblos indígenas ha propuesto una completa separación del estado incluyen al movimiento mapuche en Chile y el Miskitu en Nicaragua. Ambos grupos soportaron una severa represión estatal en los setenta y ochenta.

12 Artículo 8: (1) Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Artículo 9: (1) En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

13 Los mejores ejemplos de esfuerzos auspiciados por el estado son el juego de volúmenes de Colombia sobre ley indígena preparado por César Perafán, et al (1995, 1996, 1997), y las series bolivianas de 10 panfletos (Ministerio de Justicia 1997a-j).

14 La Corte Constitucional Colombiana interpretó “ debido proceso ” como aquel que sigue las normas de la comunidad en cuestión. “De lo contrario, llevaría a una negación completa de las formas indígenas del desarrollo de normas y rituales de juzgamiento, que es justamente lo que debe ser conservado. Las autoridades indígenas no pueden actuar arbitrariamente, pero la Corte fue cuidadosa en estipular que esto no implica que las normas tradicionales se vuelvan completamente estáticas, dada que ‘cada cultura es esencialmente dinámica’” (Assies, de próxima aparición: 5).

15 Los asuntos normativos suscitados por el pluralismo legal son numerosos e importantes, pero no hay espacio para discutirlos a profundidad aquí. El lector puede remitirse a Assies (próxima aparición: 12-16); Clavero (1997: 91); Gómez (1997b: 297); Kymlicka (1995); Marés (1997b: 446); Sieder (1999: 113); Sierra (1998: 27); Stavenhagen (1998: 103); y Yrigoyen (2000: 216-218).

16 Por ejemplo, en Guatemala, los sacerdotes mayas están involucrados en la investigación de crímenes. Consultan el calendario maya para ver la fecha de nacimiento del trasgresor, que determinará las condiciones de su vida y puede explicar porqué el crimen fue cometido. Esto será tomado en consideración cuando la sentencia sea dictada. El objeto de la sanción es curar el espíritu del trasgresor y, adquirir la ayuda en esto del espíritu apropiado (Yrigoyen 1999: 33-34).

17 Collier observa que los jóvenes acusados constituían una amenaza para las autoridades mayores de la comunidad: todos ellos realizan trabajos pagados en caminos, una ocupación no tradicional en la cual no eran supervisados por los mayores de la comunidad. El trabajo pagado les proporcionaba efectivo extra: “riqueza inexplicada” de dudoso origen. Ya que su trabajo frecuentemente comenzaba antes del amanecer y terminada después de anochecer, ellos tenían que caminar por los caminos en la noche, frecuentemente juntos. Estas características son típicas de la gente acusada de ser cortacabezas (1998: 214).

18 Collier plantea un asunto que entra en conflictos con los informes de muchos antropólogos jurídicos, quienes sostienen que la ley indígena enfatiza la reconciliación en vez del castigo, y que encuentra que los dos son incompatibles (Collier 1998:218). En vez de ello, Collier argumenta que el castigo es una parte importante del proceso de reconciliación y, de hecho, las dos [reconciliación y castigo] se refuerzan mutuamente: “No sólo que el castigo permite la reconciliación, sino que la capacidad de la corte de castigar a los malhechores anima a la gente a llevar sus casos a la misma. Si la capacidad de la corte de castigar es suprimida, aquellos que han sido agraviados posiblemente busquen soluciones a sus problemas en otras instancias. Después de todo, la gente enojada no busca ir a la corte en busca de ‘acuerdos armoniosos’. Van a buscar ‘justicia’” (Collier 1998: 218)

19 El trabajo comunitario obligatorio es parte de la mayoría de culturas indígenas que data de los esfuerzos de trabajo público colectivo pre-colonial. Entendido dentro de su contexto cultural, no constituye “esclavitud” en el sentido occidental de la palabra. De forma similar, el castigo corporal tiene la intención de ser doloroso, pero casi siempre es de corta duración y no causa daño permanente. Entendido dentro de las culturas indígenas, no constituye “tortura”.


20 En Bolivia esto se consigna en el Anteproyecto de Ley de Justicia de Los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas-Campesinas, preparado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Banzer (1997-2002). En Ecuador, el asunto es señalado por el Proyecto de Ley de Desarrollo Constitucional del Artículo 191, inciso 4: Ley de Administración de Justicia de las Autoridades Indígenas (disponible en el sitio geocities.com/alertanet). Este proyecto fue elaborado por un equipo de académicos del derecho y del Proyecto ProJusticia, con el apoyo de el Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2001 fue discutida y aprobada por comunidades y organizaciones indígenas. El congreso ecuatoriano todavía la está considerando (comunicación personal, Fernando García, 6 de enero de 2002). En Venezuela, el asunto es parte del Anteproyecto de Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, aún pendiente, presentado al Congreso en diciembre de 2001. fue preparado por la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, cuyos miembros incluyen a tres senadores indígenas de Venezuela (disponible en el sitio geocities.com/alertanet). La Asamblea Nacional aprobó el proyecto el 5 de diciembre de 2002, en su primera lectura, y fue devuelta a la Comisión para revisiones recomendadas por organizaciones indígenas, legisladores y ministros del gobierno venezolano (comunicación personal, René Kuppe, enero 7 de 2002). En Perú, el asunto es señalado por el Proyecto de Ley 3862, “Comunidad Campesina/Rondas, Ejercicio Función Jurisdiccional”, enviado el 11 de septiembre de 2002, que “propone regular el ejercicio de la función jurisdiccional de las Comunidades Campesinas y Nativas, y de las Rondas Campesinas”. A diciembre de 2002, ha sido aprobado por las comisiones de asuntos constitucionales e indígenas. Este proyecto expande y complementa la legislación anterior que regula las funciones internas de las comunidades indígenas y campesinas y de las rondas campesinas, al tiempo que coordina su trabajo con el de los jueces de paz . Para análisis comparativos de estas leyes propuestas ver Assies (próxima aparición: 12-15); Yrigoyen (1999; 2000); y Assies y Guillén (2001).


21 Costa Rica ha producido poca jurisprudencia. Ver Alvarez y Vacaflor (1998: 297-310), Chacón (1999: 105- 154) y Piza Escalante (1999: 91-100). Sin embargo, mientras en Costa Rica la Corte reconoce la naturaleza privada de las autoridades indígenas (Chacón 1999: 129), en Colombia la Corte las considera como autoridades públicas (ver Van Cott 2000b).

22 Ver Van Cott (2000a) y Sánchez Botero (1998, 2000) para un tratamiento más detallado.

23 Sánchez relata un ejemplo esclarecedor. La madre y un tío materno de una niña que había sido educada fuera de su comunidad le mandaron que regrese a su comunidad para que se casara después de su primera menstruación, como es la costumbre Wayúu. La niña registró una tutela (orden de protección) con una corte “para proteger sus derechos fundamentales a la educación y el desarrollo libre como persona” (Sánchez Botero 2000: 228). La corte no impuso una solución; en vez de eso, los representantes de la niña y los oficiales interesados del Servicio para la Protección del Menor negociaron con las autoridades comunitarias. La “decisión edificante” para este caso fue que la niña permaneciera en la escuela y decidiera en cinco años si deseaba retornar a la comunidad, tiempo en que su estatus se reevaluaría. Se dio un intercambio de animales para compensar a la familia por la pérdida de recursos que se hubieran incrementado por el matrimonio de la niña. Esta resolución restableció el equilibrio económico de la tribu a la vez que protegió a la menor de un matrimonio temprano y forzado (Sánchez Botero 1998: 229).

24 Los hombres habían vinculado públicamente al alcalde con los paramilitares, inspirando a un frente del Ejército de Liberación Nacional a asesinarlo. El crimen cometido, por lo tanto, no fue asesinato, sino más bien un crimen que forma parte de la ley Páez llamado “tardecer”: cometer un acto que puede haber inspirado un resultado posterior, a pesar de la ausencia de cualquier vínculo casual. Los demandados no fueron acusados de tardecer; fueron acusados con el crimen más serio de ser los “autores intelectuales” del asesinato político.


25 Para importantes trabajos no publicados, ver el sitio web mantenido por la antropóloga jurídica peruana Raquel Yrigoyen, Alertanet en Derecho y Sociedad, que pone en el correo artículos, legislación relevante, y convoca a foros virtuales (geocities.com/alertanet) y sitios web que contiene artículos y procedimientos de las conferencias de la RELAJU (geocities.com/relaju). Trabajos comparativos publicados útiles son: Yrigoyen (2000); Stavenhagen (1988); Stavenhagen e Iturralde (1990); Alvarez y Vacaflor (1998); Varios Autores (1999); y el número especial de América Indígena (ene.-jun. 1998). Los países que reciben más atención son Colombia (Sánchez Botero 1998, 2000; Dirección General de Asuntos Indígenas; Assies 2001: próxima aparición; Van Cott 2000a); Perú (Ardito 2001; Yrigoyen 2002); Guatemala (Yrigoyen 1999; Murgas Armas 1999; Malik y Martínez 1999; Sieder 1996, 1998, 1999) y Bolivia (Orellana 1998; Van Cott 2000a; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1997a-j).

26 Von Benda-Beckmann observa que el concepto de Moore del “campo social semiautónomo... se ha convertido en una noción preferida para localizar la existencia y posible significación de la ley o el pluralismo legal en sociedades empíricas” (1997: 11).

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