Pluralismo legal y administracion de justicia comunitaria informal en america latina



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Colombia, sí, 1991

Constitución de 1991, Artículo 246. Las autoridades entre los pueblos nativos pueden ejercer funciones judiciales dentro de sus áreas territoriales de acuerdo con sus propias reglas y procedimientos, los mismos que no deben ser contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley deberá establecer las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Constitución y leyes, con algunas excepciones que eliminan límites.

Costa Rica, sí, 1993

Ninguno, aparte de las responsabilidades del 169 de la OIT.




Ecuador, sí, 1998

Constitución de 1998, Artículo 191. Las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones de justicia, aplicando sus propias normas y procedimientos para la solución de conflictos internos en conformidad con sus costumbres y ley consuetudinaria, dado que no sean contrarias a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles esas funciones con el sistema judicial nacional.

Constitución y leyes.

El Salvador

Ninguno




Guatemala, sí, 1996

En pos de la ratificación del 169 de la OIT. Lenguaje que reconoce la ley indígena fue incluido en la reforma constitucional rechazada por referéndum en 1999.
Artículo 203 propuesto en la reforma constitucional fallida. “El Estado reconoce la ley indígena consuetudinaria, entendida como las normas, principios, valores, procedimientos, tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas, para la regulación de su convivencia interna; como [reconoce] la validez de sus decisiones, dado que la sujeción a la misma sea voluntaria y que no viole los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos ratificados por Guatemala; ni perjudique los intereses de terceros”.
Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de 1995, IV, E, 3. “Con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades indígenas, el gobierno promete promover ante el organismo legislativo, con la participación de las organizaciones indígenas, el desarrollo de normas legales que reconocen las comunidades indígenas y el manejo de sus asuntos internos de acuerdo con sus normas consuetudinarias, dado que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional o con los derechos humanos internacionalmente reconocidos” (Yrigoyen 1999: 67-68)




Honduras, sí, 1995

En pos de la ratificación del 169 de la OIT.




Méjico, sí, 1990

2001 Proyecto de ley sobre Derechos Indígenas, modificando el Artículo 2 de la Constitución. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la autodeterminación y, en consecuencia, a la autonomía para:


  1. Decidir las formas internas de organización social, económica, política y cultural.

  2. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sometiéndolos a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, derechos humanos, y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación para los correspondientes jueces o tribunales.




Nicaragua

Constitución de 1987, Artículo 89. Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho... de tener sus propias formas de organización social y de administrar sus asuntos internos de acuerdo a sus tradiciones.
Ley de Autonomía de 1987, Artículo 18. La Administración de Justicia en las Regiones Autónomas será gobernadas por regulaciones especiales que reflejen sus particularidades culturales de las Comunidades de la Costa Atlántica, en conformidad con la Constitución Política de Nicaragua.




Panamá

Reconocida a través de legislación ordinaria que regula las comarcas indígenas (reservas indígenas autónomas), especialmente la Ley 16 de 1953, que crea la primera Kuna comarca. Por ejemplo, la Ley 10 de 1997 crea la Comarca Ngobe-Buglé, que incluye un capítulo de administración de justicia. “Para la administración de justicia serán creados en la Comarca los juzgados, fiscalía y personerías, tomando en cuenta la realidad cultural del área” (COONAPIP 1999: 805).




Paraguay, sí, 1993

Constitución de 1992, Artículo 63. El derecho de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar su identidad dentro de su respectivo hábitat es reconocido y garantizado. Ellos tienen el derecho, de igual manera, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que [el derecho a] la sujeción voluntaria a sus normas consuetudinarias para la regulación de su convivencia interna, dado que éstas no violen los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En las disputas jurisdiccionales, la ley consuetudinaria indígena deberá ser tomada en cuenta.

Constitución. La sujeción es voluntaria.

Perú sí, 1994

Constitución de 1993, Artículo 149. Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial en conformidad con la ley consuetudinaria, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establecerá las formas de coordinación entre esta jurisdicción especial y las Justicias de la Paz, y otras instancias de Poder Judicial.
Código Procesal Penal, art. 552. El juez más viejo presidirá sobre el tribunal y resolverán [los casos] en acuerdo con los usos y costumbres, la equidad, y los principios generales de la Ley siempre que sea posible.

Derechos fundamentales de la persona.




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