Negri, Pettigiani, Kogan, Genoud



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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2013, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, Kogan, Genoud, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 115.314, "Municipalidad de Chivilcoy contra Gillette Argentina S.A. Apremio".



A N T E C E D E N T E S

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes confirmó el fallo de primera instancia que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada y que, en consecuencia, rechazó la ejecución promovida por la Municipalidad de Chivilcoy contra Gillette Argentina S.A. (fs. 91/97 y 142/152).

Se interpuso, por el apoderado de la ejecutante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, subsidiariamente, recurso extraordinario de nulidad (fs. 155/169), habiéndose desestimado este último medio a fs. 177/178.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente



C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?



V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. En el proceso de apremio iniciado por la Municipalidad de Chivilcoy se controvierte la habilidad del título base de la ejecución (el certificado de deuda elaborado en los términos de los arts. 28 de la Ordenanza 6118 y 104 de la Ord. Imp. 2008; v. fs. 4), al no haberse dado debida publicidad a la normativa que dispuso el derecho a percibir las tasas que reclama el municipio a la empresa demandada (fs. 5, 26/45 y 48/58).

II. El Juzgado de Paz de la localidad de Chivilcoy hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por la firma Gillette Argentina S.A., que fuera fundada en la inexistencia de deuda por falta de publicación de las ordenanzas que sustentan el crédito reclamado en autos y, en consecuencia, rechazó la ejecución promovida por la Municipalidad de Chivilcoy (fs. 91/97 vta.).

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes confirmó este fallo (fs. 142/152 vta.).

Para así decidir, en lo que interesa destacar, comenzó por señalar que la afirmación esgrimida por el actor, referida a que no se estaría persiguiendo en la especie el cobro de tributos, resultaba contradictoria con el título ejecutivo extendido de conformidad con la ley 13.406 y con la pretensión deducida en el escrito de inicio, fundada en dicha normativa, la cual rige el procedimiento de apremio para el cobro judicial de tributos, sus accesorios y multas (fs. 144).

A continuación, sostuvo que correspondía ingresar en el análisis de la excepción de inhabilidad de título articulada por la ejecutada, pues tal como fuera resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Municipalidad de Santiago de Liniers contra Irizar, José Manuel. Apremio", se alegó la inexistencia de la deuda por falta de sustento normativo (fs. 144/144 vta.).

Ingresando ya en el estudio de la defensa opuesta, reparó en que el art. 193 de la Constitución provincial establece que las municipalidades deben "dar a publicidad por la prensa a todos los actos, reseñándolos en una memoria anual, en la que se hará constar detalladamente la percepción e inversión de sus rentas" y que el art. 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dispone que es una atribución del departamento ejecutivo (Intendente) promulgar y publicar las ordenanzas del Concejo Deliberante.

Señaló que esta última norma debía ser interpretada de conformidad con la exigencia de aquella cláusula constitucional, es decir, que las ordenanzas municipales deben ser publicadas a través de la "prensa"  sea un medio de comunicación social privado u oficial-, todo ello con fundamento en el sistema republicano adoptado por los arts. 1, 5, 6 y 123 de la Constitución nacional (fs. 145/vta.).

En el mismo sentido se pronunció con relación a la facultad consagrada en el art. 125 de la Ordenanza General 267/80, en cuanto estatuye que el departamento ejecutivo puede dar publicidad de sus actos de gobierno "por el medio que determine" (fs. 146 y ss.), dado que para "salvar" su constitucionalidad debe emplearse necesariamente la prensa escrita -sea pública o privada- de forma tal que permita la consulta de los interesados y destinatarios (fs. 146 vta./147).

Precisó la alzada que si bien esta Corte en los precedentes "Santos" y "Gallardo" (causas B. 50.816, sent. del 14-XI-1989 y B. 54.711, sent. del 25-VIII-1998) consideró suficiente la publicación, en el diario de Sesiones del Concejo, en dichos supuestos los actores habían tomado conocimiento oportuno de las ordenanzas y no las habían atacado en sede administrativa (v. fs. 147).

Por último, señaló que la exigencia de publicación nace de los principios emanados de la Constitución nacional y la forma republicana de gobierno.

III. Contra este pronunciamiento, el apoderado de la ejecutante alega la violación de los arts. 9 inc. c) y 10 de la ley 13.406; 6 de la ley 12.008; 5, 19, 75 y 123 de la Constitución nacional; 107 y 226 inc. 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 125 de la Ordenanza General 267; 2 del Código Civil y de la doctrina legal que cita en su presentación (fs. 155/169).

Sostiene que la sentencia de Cámara vulnera las normas que rigen el proceso de apremio (arts. 9 y 10, ley 13.406), dado que el juicio de razonabilidad exigido para ponderar la legalidad del medio empleado por el Departamento Ejecutivo municipal (el Intendente), a fin de dar a conocer las ordenanzas dictadas sobre derechos de publicidad y propaganda, desborda el estrecho marco de conocimiento del proceso de apremio (fs. 158/vta.).

Al respecto, considera que no es aplicable el criterio de la Corte nacional citado por la alzada (fs. 158/vta.).

Entiende que es suficiente la publicidad en el Diario de Sesiones del Concejo, según se resolviera por este Tribunal en la causa "Santos, Eladio contra Municipalidad de Bahía Blanca. Demanda contencioso administrativa" (causa B. 50.816, sent. del 14-XI-1989; AS 1989-IV-200).

Aduce que las ordenanzas no deben ser publicadas en la forma que considere el contribuyente, sino por el medio razonable que disponga el Poder Ejecutivo. Señala, además, que el derecho a percibir las tasas reclamadas tiene su causa en la facultad consagrada por el art. 226 inc. 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (publicada en 1958), que autoriza a percibir estos recursos municipales (fs. 159/vta.).

También alega que la publicidad a la que se refiere en el inc. 1 del art. 193 de la Constitución provincial, se limita a la memoria anual y que el resto de la Constitución no contiene disposición alguna que obligue a utilizar la prensa para las ordenanzas municipales y que incluso el art. 2 del Código Civil no establece la forma de publicidad de las normas (fs. 159 vta.).

Finalmente afirma que los "Derechos de Publicidad y Propaganda" no son tributos y que por ello no exigen su publicidad de un modo especial.

IV. El recurso no prospera.

a. En lo que respecta a la posibilidad de conocer las cuestiones vinculadas con la causa de la obligación que sustenta el título base de la acción ejecutiva o apremio, entiendo que si bien el art. 9 inc. c) de la ley 13.406 dispone que la excepción de inhabilidad de título ejecutivo debe fundarse únicamente en los aspectos relacionados con las formas extrínsecas y que los jueces no pueden admitir  en esta clase de procesos- controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa, ello es así en tanto no se consienta una condena fundada en una deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta. Pues lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales (conf. causa Ac. 51.472, sent. del 17-V-1994 y mi voto en Ac. 64.944, sent. del 10-XI-1998; véase también Ac. 68.768, sent. del 15-XII-1999; Ac. 90.386, sent. del 6-XII-2006).

En el caso, la defensa fue fundada precisamente en la inexistencia de la deuda, dado que -conforme fuera alegado por la ejecutada- las ordenanzas que establecieron las tasas reclamadas no fueron publicadas en el Boletín Oficial ni en ningún otro medio con cobertura en el domicilio de la demandada, habiéndose invocado el amparo de los derechos constitucionales consagrados en los arts. 4 y 17 de la Constitución nacional (fs. 30/32).

En razón de lo expuesto y ponderando las constancias obrantes en autos (fs. 90/vta.), entiendo que el recurrente no ha logrado demostrar la infracción de los arts. 9 y 10 de la ley 13.406.

Por lo demás, sin perjuicio de señalar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación carecen de efecto vinculante (conf. mis votos en causas C. 94.413, sent. del 18-XI-2009; C. 95.589, sent. del 9-VI-2010; entre otras), advierto -contrariamente a lo sostenido por el recurrente- que en la causa "Municipalidad de Santiago de Liniers contra Irizar, José Manuel. Apremio" (C.S.J.N., Fallos: 327:4475, sent. del 19-X-2004), se abordó un supuesto de idénticas características al aquí analizado, esto es, una defensa basada en la falta de publicación de una ordenanza municipal en el marco de un juicio ejecutivo.

b. Por otro lado, corresponde también desestimar la alegada violación de la doctrina legal emanada de los precedentes "Santos" y "Gallardo", pues sabido es que para que la misma proceda debe referirse a situaciones similares (conf. C. 101.383, sent. del 7-XII-2011; C. 95.600, sent. del 3-X-2012; entre muchas); supuesto que no es el de autos.

En efecto -tal como fuera señalado por la alzada (fs. 147)-, la situación planteada en los precedentes citados difiere notablemente con la acontecida en estas actuaciones, donde el debate gira en torno a una norma de alcance general.

c. Ahora bien, en lo que atañe a la vulneración de las demás disposiciones legales denunciadas y su doctrina legal (fs. 156, 158 vta., 159 vta./160 y 164 vta./165), cabe indicar que -más allá del análisis que pudiera corresponder en torno a la naturaleza tributaria o no de los créditos reclamados o el medio por el cual debían ser publicados- en la especie, se trata de ordenanzas que crearon una tasa en concepto de "derechos de publicidad y propaganda" en el ámbito territorial de la municipalidad que, como resulta lógico, es necesario que llegue a conocimiento de los obligados al pago mediante un medio razonable (fs. 4 y 5).

Esta exigencia que ineludiblemente recaía en cabeza del ejecutante y que fuera uno de los fundamentos centrales del pronunciamiento no ha sido motivo de agravio por parte del recurrente, manteniéndose incólume lo resuelto por la alzada en el sentido en que el ente municipal "... no ha acreditado la publicación de las ordenanzas municipales" (fs. 143 vta.).

Tiene dicho este Tribunal que incurre en insuficiencia el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no rebate los fundamentos desarrollados por el fallo que le brindan sustento autónomo (conf. C. 98.429, sent. del 12-XI-2008; C. 112.737, sent. del 27-VI-2012; entre muchas); circunstancia que sella adversamente la suerte del recurso que dejo analizado.

d. En consecuencia, dada la naturaleza de la obligación reclamada y los montos que gravan la misma (v. fs. 4), así como también que no se encuentra acreditada en autos la publicación de las ordenanzas en los medios masivos de comunicación, ni la exhibición de copias de las mismas en el hall central del palacio municipal (v. fs. 143 in fine), entiendo que corresponde confirmar el fallo recurrido (arts. 1, 5 y 28, Const. nacional; 193 inc. 1, Const. provincial).

V. Por lo expuesto, no observo que en el presente caso el impugnante haya logrado acreditar las infracciones normativas denunciadas ni la conculcación de la doctrina legal citada (conf. doct. art. 279, C.P.C.C.), por lo que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, Cód. cit.).

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Pettigiani y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la cuestión también por la negativa.



A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

Sostiene el recurrente en su pieza recursiva que debe revocarse la sentencia apelada por haber sido dictada en violación a lo dispuesto por el art. 10 de la ley 13.406 al acoger una defensa extracartular (fs. 157 vta.), mas en tal posición soslaya que este mismo cuerpo tiene dicho que si bien un título ejecutivo tiene por presupuesto esencial la existencia de una deuda exigible, la labor de verificación y fiscalización de las obligaciones tributarias es integrada con la función judicial, de modo que se permita la tutela efectiva de los derechos del contribuyente; por lo tanto la advertencia en sede judicial de la ausencia de tal presupuesto puede obstar a la concreción de la pretensión fiscal; y que nada impide la verificación de específicas circunstancias que conducen a determinar la inexistencia de la deuda. Lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales (C. 115.351, sent. del 5-IX-2012). La propia Corte federal ha admitido en forma excepcional la procedencia de la vía extraordinaria cuando resultaba manifiesta la inexistencia de deuda exigible, pues lo contrario implicaba privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales (Fallos: 278:346; 298:626; 302:861; "Municipalidad de Mercedes c. Arcor S.A.I.C. s. Apremio"; M.1020, L. XLVI, sent. del 7-VIII-2012).

Así, habilitada la vía para la evaluación sobre la existencia del gravamen cuyo cobro se persigue, adhiero al voto del doctor Negri por cuanto, como él, advierto que el medio revisor deja sin ataque concreto razones fundamentales del fallo. Lo que torna inhábil el recurso a los fines perseguidos.

Doy mi voto por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI

LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN


EDUARDO JULIO PETTIGIANI


CARLOS E. CAMPS



Secretario

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