La trigésima primera asamblea de delegadas de la cim



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A. Metodología
El Proyecto sobre Tráfico incluye cuatro elementos fundamentales: 1) colaboración con las organizaciones de contrapartida en cada país participante; 2) iniciación de un debate público sobre el tema del tráfico mediante una consulta nacional en cada país participantes; 3) evaluación general del tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual, y 4) uso de las conclusiones del estudio para recomendar medidas concretas a nivel regional y nacional, en respuesta al tráfico. En la implementación real del proyecto, se separó la región ampliada de Centroamérica del Brasil. En el presente informe figuran únicamente los resultados del estudio de Centroamérica y la República Dominicana.
Entre marzo y mayo de 2001, se mantuvieron Consultas Nacionales en cada país participante para introducir el proyecto, conceptualizar y examinar sus términos, identificar las posibles fuentes de información y crear conciencia en la opinión pública sobre el tema del tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual. Esas reuniones incluían la participación de ONG nacionales, organismos del Estado, organizaciones internacionales, universidades y medios de prensa.
Después de las Consultas Nacionales, las contrapartes de cada país, con excepción de Belice, iniciaron un período de investigación de nueve meses en relación con el tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual en cada uno de sus países. Las contrapartidas recogieron todo el material escrito disponible sobre el tráfico y aspectos afines, incluidas la legislación y la cobertura de prensa pertinentes. Además, los investigadores procuraron información de los representantes de instituciones gubernamentales, ONG, instituciones de enseñanza y otras que pudieran tener información pertinente. Las entrevistas se basaron en un cuestionario común elaborado para el Proyecto sobre Tráfico.2/
Un segundo período de investigación se realizó entre el 4 y el 13 de febrero de 2002 y el 7 de abril y el 14 de junio de 2002, mediante visitas a los países a cargo de los investigadores del Instituto de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos de DePaul University y de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. Se dedicaron a cada país entre cuatro y diez días, en el curso de los cuales los investigadores se reunieron con una amplia gama de protagonistas del Estado (funcionarios policiales y de migración, jueces, fiscales, oficinas de defensores de los derechos humanos, instituciones de bienestar infantil y asuntos de la mujer, ministerios de trabajo y de salud, parlamentos y consulados extranjeros); ONG que actúan en el campo y organizaciones internacionales tales como UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Migración, INTERPOL y Save the Children. En los casos en que ello fue posible, los investigadores visitaron las zonas más afectadas por el tráfico, tales como los puntos fronterizos y los puntos de reclutamiento y explotación.
El estudio en la región ampliada de Centroamérica tenía el propósito de evaluar el tráfico en base a la información y los datos disponibles. Sin embargo, la recolección de datos precisos planteó un gran desafío para los investigadores. En primer lugar, a raíz de la violencia, el abuso, la coacción, los traumas y estigmas vinculados al tráfico, las víctimas tienden a mantener silencio, como es común en la mayoría de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Siguen existiendo desincentivos institucionales tales como las políticas que penalizan y no protegen a las víctimas y procedimientos judiciales que tienden a volver a hacer víctimas a las personas traficadas, nuevos elementos que estimulan el silencio. En segundo lugar, las denuncias públicas por parte de líderes sociales y dirigentes políticos son muy raras. Como tabú social, la industria del sexo se mantiene oculta. Análogamente, normas culturales que incluyen conceptos de sexualidad y género fomentan la aceptación de la explotación sexual en el tráfico. Estos elementos, en conjunto, aseguran que el conocimiento de la actividad de tráfico no pase de lo anecdótico. En tercer lugar, como es característico del mercado negro, la información esencial se mantiene en secreto. Los traficantes están siempre un paso más adelante que los encargados de hacer cumplir la ley, cuya capacidad de indagación es sumamente limitada debido a las restricciones humanas, técnicas y financieras. La corrupción de la policía, de los funcionarios de inmigración y de otros funcionarios del Estado y de los sectores más poderosos de las comunidades, que en ciertos parajes han demostrado que participan en el comercio, también protegen la información. Por último, los escasos datos que llegan a las oficinas gubernamentales con frecuencia se pierden debido a una gestión y una coordinación deficiente e insuficiente.
La información más confiable y sistemática de que dispusieron los investigadores provenía de los consulados que con frecuencia intervienen directamente en casos de tráfico internacional que afectan a sus nacionales, y de los proveedores de los servicios de salud (gubernamentales y no gubernamentales) que tiene acceso periódico y contacto con las personas en la industria del sexo, incluidas las personas traficadas y los traficantes. Pero inclusive estas fuentes admiten que no pueden ofrecer un panorama completo del problema. En general, los consulados ven sólo a las personas que han huido a su experiencia con el tráfico; los funcionarios del sector salud, por su parte, asisten sólo a la población más visible que trabaja en la calle, en los parques, los mercados, los bares relativamente abiertos y otros establecimientos. A partir de todos los indicios, el sector que incluye el mayor número de casos de tráfico –mujeres y menores que son atrapados y/u obligados a permanecer ocultos- es el menos accesible.
En el presente estudio se procuran examinar las características fundamentales del tráfico para la explotación sexual en la región. Ello incluye las causas y vulnerabilidades de fondo como las redes de tráfico, sus rutas, las respuestas que han dado las instituciones gubernamentales y la sociedad civil y la legislación nacional e internacional aplicable. Si bien las respuestas del gobierno y de la sociedad civil al tráfico han sido mínimas, los investigadores detectaron un gran interés y una gran voluntad de parte de estos grupos de participar en la formulación e implementación de estrategias para erradicar este flagelo. Muchas de las propuestas ofrecidas por los entrevistados están reflejadas en las recomendaciones regionales y específicas de cada país. Esta iniciativa de investigación fue un primer paso para sacar a luz la brutal realidad del tráfico sexual en América Central y el Caribe. Sigue siendo necesario realizar una investigación más focalizada para fortalecer y completar nuestra comprensión de esta moderna práctica de esclavitud.




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