La trigésima primera asamblea de delegadas de la cim



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VII. CONCLUSIONES

El tráfico es un delito y una violación de los derechos humanos que afecta individualmente a cada país de la región ampliada de Centroamérica en su conjunto. Las mujeres y los niños son traficados con fines de explotación sexual dentro de los países, dentro de la región y a nivel internacional. Las redes de contrabando y tráfico explotan las necesidades económicas y las ambiciones de una vida mejor de los ciudadanos más vulnerables de la región. El comportamiento de estas redes delictivas –que existen a todos los niveles de organización y perfeccionamiento- siguen prácticamente incontroladas, lo que estimula aún más el tráfico. Los niños, muchos de los cuales han sufrido abuso sexual en el pasado, se tornan especialmente desprotegidos contra las bandas de explotación nacional e internacional, estimuladas por un creciente mercado de prostitución infantil.


Los traficantes actúan primordialmente mediante engaño, con falsas promesas de un empleo decente en maquilas, restoranes, bares, hoteles y hogares, entre otros. Luego de estas promesas de prosperidad, las mujeres y los niños son forzados a la servidumbre sexual para solventar los gastos de transporte y otras deudas. El control se mantiene mediante violencia y amenazas, deudas y multas, restricción al acceso a sus ingresos, restricciones físicas y uso de guardias armados, y demostraciones de impunidad mediante una colaboración abierta con las autoridades. La inversión inicial en migración y la falta de alternativas visibles una vez transportados, dejan a las mujeres y los niños sin opciones. El riesgo de deportación, de devolución o institucionalización (en el caso de los menores) mantiene a muchas víctimas en silencio acerca de su situación.
En el curso del tráfico, los traficantes violan los siguientes derechos humanos de sus víctimas:


  • El derecho a no ser esclavizado, a no ser sometido a una servidumbre involuntaria o a condiciones prácticamente de esclavitud;

  • El derecho a estar libres de explotación;

  • El derecho a estar libres de un trato cruel e inhumano;

  • El derecho a estar libres de la violencia;

  • El derecho a estar libres de la discriminación basada en el género;

  • El derecho a la salud; y

  • La garantía de libertad de movimiento

La tolerancia de la sociedad de la explotación sexual comercial de mujeres y niños, los tabús en relación con la sexualidad y una cultura que desalienta la denuncia de sospecha de tráfico y explotación sexual contribuyen a dar invisibilidad al fenómeno.


Hasta ahora, los mecanismos de respuesta del gobierno son inexistentes o inadecuados. El desinterés, la corrupción y la limitación de recursos reinan en las comunidades policiales y judiciales y de inmigración, lo que ha limitado gravemente su eficacia. Los procesamientos penales por tráfico sexual y delitos conexos son mínimos y las condenas son muy raras. Los organismos de bienestar del niño y la mujer ofrecen pocos servicios o servicios insuficientes para satisfacer las necesidades especiales de los sobrevivientes del tráfico.
En términos generales, la región sufre una absoluta escasez de estrategias de prevención, protección, eliminación e integración. El tráfico de niños ha despertado una atención incipiente pero la falta de financiamiento y otros obstáculos han impedido la implementación de programas focalizados.
La información disponible pinta un panorama perturbador de delincuentes que actúan con casi absoluta impunidad y la inexistencia de identificación, tratamiento y protección de las víctimas. Existen numerosos foros para la acción, la defensa y la atención del problema pero no se utilizan actualmente, en parte, porque el tráfico de personas no ocupa un lugar preponderante en el temario de la mayoría de los países de la región. Estas instancias, de ser movilizadas, pueden crear conciencia, ayudar a armonizar la recolección de datos de diferentes instituciones y países, contribuir a la investigación, a la redacción de documentos de política y a la reforma legislativa, así como a articular estrategias para protección e integración de las víctimas, la prevención y la sanción.




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