La trigésima primera asamblea de delegadas de la cim



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Mecanismos Regionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C (76)
Prácticas Óptimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D (77)
Índice de los documentos de Naciones Unidas sobre Tráfico de Mujeres y Niños. . . E (79)
Tráfico en los Medios Televisivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F(105)

PANORAMA GENERAL: NECESIDAD DE UNA PERSPECTIVA GLOBAL
Para la mayoría de las personas, la esclavitud es una reliquia aterradora del pasado, pero aproximadamente dos millones de mujeres y niños son sometidos a la servidumbre sexual en el mundo, la mitad de los cuales se calcula son traficados por la fuerza, el engaño o la coerción económica. Además, las fuentes sugieren que entre 100.000 y 200.000 mujeres y niños, algunos de apenas seis años de edad, son traficados anualmente a través de las fronteras, con fines de explotación sexual. Muchas de estas personas nunca llegan a la edad de 30 años. Mueren de SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual, de falta de salud, de abuso físico y psicológico, de violencia y de uso indebido de drogas. El tráfico de personas es uno de los problemas de derechos humanos más angustiantes de nuestro tiempo. Sin embargo, esta situación trágica ha despertado una respuesta mínima de parte de la mayoría de los gobiernos del mundo.
El fenómeno se ve incitado por diversos factores, entre los que cabe mencionar la pobreza, los conflictos y la intranquilidad política, y actitudes de género que provocan desigualdad en las oportunidades y una indiferencia general por la suerte de las mujeres y las niñas. El advenimiento de la globalización ha exacerbado el problema creando lo que algunos denominan oportunidades de mercado para los traficantes de seres humanos y quienes los explotan. La liberalización de fronteras y la flexibilización del movimiento de personas a través de ellas ha incrementado las oportunidades para la migración ilegal y, cuando este contrabando ilegal de seres humanos a través de las fronteras se conecta con su venta para la explotación sexual, la actividad se torna sustancialmente más redituable. El tráfico de personas constituye una actividad delictiva internacional que ocupa el tercer lugar por los lucros que genera, después del narcotráfico y el comercio de armas.
Las políticas gubernamentales actuales en los distintos países del mundo sólo estimulan o facilitan el tráfico y hacen más víctimas a quienes lo padecen. Si bien el carácter clandestino del tráfico torna prácticamente imposible el procesamiento de los responsables de este comercio sin la cooperación de las personas víctimas de esta actividad, la mayoría de éstas no encuentran incentivo para cooperar con los gobiernos en la identificación de quienes las explotan. Al dirigirse a las autoridades, arriesgan ser detenidas, su propio procesamiento por prostitución y otros delitos, la deportación involuntaria o la repatriación, y represalias de los traficantes. Raramente reciben asistencia legal, atención médica u otras formas de apoyo. Esta política de penalizar a las mujeres que realizan actividades sexuales no sólo las vuelve a victimizar, sino que, con frecuencia, las obliga a permanecer bajo el control de quienes las explotan.
Debido a la alta rentabilidad de esta actividad, en muchos países se ha tornado parte de organizaciones delictivas pequeñas y grandes. Las pequeñas organizaciones se limitan al contrabando ilegal transfronterizo de personas o combinan esta actividad con la venta de mujeres y niños a otras organizaciones. Las más grandes, que explotan directamente a las personas traficadas, también pueden participar de las actividades de contrabando transfronterizo. Las personas traficadas son vendidas y revendidas como mercancías a otros explotadores.
Por supuesto que existen distinciones regionales en forma, incidencia y manifestaciones. Las modalidades de tráfico de África a Europa difieren de las que se registran dentro de América Latina, el sudeste asiático o el subcontinente indio. Sin embargo, invariablemente, el resultado final es que las mujeres y los niños terminan desesperadamente atrapados en la esclavitud sexual sin grandes posibilidades de escapar a su situación.
Buena parte de la energía que se canaliza para combatir esta horrenda práctica lamentablemente sigue siendo absorbida por el debate permanente en torno al consentimiento, es decir, si una persona puede consentir que se facilite su migración a situaciones de explotación sexual. Algunos argumentan una presunción irrefutable de invalidez de todo acuerdo para prostituirse y otras formas de tareas sexuales, en base al carácter de explotación de ese trabajo. Otros apoyan esta posición en base a su opinión de que los contratos como trabajadoras sexuales es resultado de la coacción económica o el abuso de la vulnerabilidad económica de la persona. Quienes se encuentran del otro lado en este debate, consideran que las mujeres pueden contratar voluntariamente como trabajadoras sexuales y que debe reconocerse esa opción.
A diferencia del caso de las mujeres, existe consenso en cuanto a la incapacidad de los menores para consentir con validez su explotación sexual. Sin embargo, inclusive esta certeza se diluye debido a los distintos conceptos acerca de la mayoría de edad y otros aspectos sociales sobre cuándo un niño adquiere la condición de adulto en las distintas partes del mundo.
Muchos gobiernos se muestran renuentes a reconocer la existencia de la servidumbre y el tráfico sexuales en sus países. Otras naciones evitan el tema para no comprometer a los países en que esa práctica es sustancial pero no se combate. En países donde la prostitución es legal o tolerada, el tráfico sexual queda oculto en una hipótesis generalizada de que la prostitución consiste en la prestación consensual de favores sexuales a cambio de dinero. En consecuencia, la esclavitud sexual tiene apariencia de legitimidad.
La falta de atención y de respuestas concertadas al tráfico en las distintas partes del mundo se explica por distintas razones. Entre ellas, cabe mencionar las siguientes.
Primero, las víctimas raramente denuncian a los traficantes. Las personas traficadas son mantenidas en lugares fuera de las redes de apoyo, con frecuencia se les retienen los documentos que las identifican y los documentos de viaje, y pueden ser amenazadas por sus custodios. Además, los traficantes ejercen poder sobre las víctimas porque en muchas instancias son del mismo país de origen y tienen posibilidades de perjudicar a los familiares de la víctima.
Segundo, las mujeres y los niños traficados con frecuencia provienen de los estratos económicos y sociales más bajos de las sociedades y sus familias carecen de poder económico o político para ejercer presión en las autoridades del Estado y tratar de salvar a sus seres queridos de este horrendo destino. En algunas sociedades, es en efecto la pobreza lo que empuja a las familias a vender a sus niños para lo que consideran son tareas legítimas.
Tercero, las leyes, políticas y las prácticas nacionales han generado una serie de desincentivos contra un combate agresivo del tráfico. La mayor parte de las legislaciones penales nacionales son inadecuadas para hacer frente a este fenómeno contemporáneo. Inclusive cuando esa legislación es suficiente, aspectos de política dificultan la búsqueda de los traficantes, explotadores y proxenetas. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las autoridades fiscales de la mayoría de los países ubican a la prostitución como última prioridad en las tareas que les compete. La corrupción entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los que se ocupan de la inmigración contribuye a la falta de investigación y procesamiento. Además, muchas de estas víctimas pueden tener necesidades de servicios médicos y sociales que los Estados se muestran renuentes a suministrar.
Finalmente, los prejuicios económicos, raciales y de género constituyen la premisa informal de la negligencia con que la legislación y las políticas nacionales responden a este fenómeno criminal generalizado. Ello es particularmente así en los países en desarrollo y menos desarrollados, donde las mujeres y los niños son en general los elementos más débiles de la sociedad.
Sea como resultado de condiciones económicas desesperadas o en la esperanza de llegar a mejores niveles, las mujeres y los niños son llevados a creer mediante engaños que las ofertas de trabajo en otros países son legítimas. El atractivo de empleos relativamente bien pagos en el extranjero, que no exigen de conocimiento de idiomas u otras habilidades, como las tareas domésticas, son suficientes para que numerosas mujeres y niños caigan ingenuamente en manos de reclutadores y traficantes.
Independientemente de cómo sean reclutadas estas mujeres y niños, se encuentran transportados a través de las fronteras hacia países que no conocen, donde carecen de apoyo o de contactos y, en la mayoría de los casos, donde hablan el idioma. Son entonces obligados a la servidumbre sexual en lugares como burdeles, bares y casas de masaje, de los que la mayoría no puede salir. Sus explotadores los golpean, los maltratan y deciden qué tipo de servicios sexuales deben desempeñar y la manera en que deben hacerlo. Les suministran vestimenta, alimento, comodidades para dormir y todo lo que se relaciona con su vida. Estos gastos son habitualmente cargados a las víctimas, lo que aumenta su deuda con los explotadores. Los dueños de los burdeles o bares determinan si deben recibir tratamiento médico, cuándo deben recibirlo y de qué tipo será, en los casos de enfermedad, dolencias venéreas y gravidez. Los propietarios también venden a sus víctimas a otros explotadores sexuales. En la mayoría de los casos estas mujeres y niños nunca pueden romper esta relación de esclavitud. Una práctica común de los traficantes es enviciar a las víctimas con drogas como forma de someterlas y de utilizar su dependencia para obligarlas a trabajar. En pocas palabras, la esperanza y la promesa de un empleo legítimo se torna una aborrecible forma de esclavitud moderna.
Algunas veces, estas mujeres y niños se rebelan, sea antes de ingresar al ciclo de dependencia o en el curso del mismo. Si se rebelan, pueden sometidas por sus captores a graves golpizas y actos aterradores tales como las violaciones, que incluyen una tortura física adicional. Si la resistencia continúa y la víctima es asesinada, nadie la cuestiona; se les considera seres humanos desechables.
Los explotadores gozan de una impunidad casi total. Las víctimas no tienen a quién pedir ayuda. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con frecuencia actúan en colusión con los traficantes y explotadores. Inclusive si la víctima logra huir, los agentes de los que busca protección con frecuencia la devuelven a sus captores. El desaliento y la desesperación resultantes son indescriptibles.
La inexistencia de datos empíricos ha permitido que los gobiernos nieguen este fenómeno delictivo y la violación sistemática de derechos humanos. Los Estados Unidos es uno de los pocos países que ha adoptado medidas ambiciosas para erradicar el tráfico en todas sus formas a través de sus fronteras. Después que un informe de la CIA calculó que se traficaban ilegalmente a Estados Unidos para su explotación sexual unas 50.000 mujeres, el Congreso reaccionó con una nueva legislación destinada a penalizar a los traficantes, proteger a las víctimas y evitar futuras actividades de este tipo. La ley de protección de las víctimas del tráfico resultante de esa acción fue promulgada en 2000. En consecuencia, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha establecido una nueva oficina dotada de expertos para controlar esta actividad en el exterior y elaborar mecanismos para combatirla. En junio de 2002, el Departamento de Estado emitió su segundo informe anual sobre el tráfico de personas en el mundo. Estos y otros empeños similares deben ser totalmente respaldados mediante el financiamiento y una dotación de personal adecuados, y estimulados como modelos para otras naciones.
En diciembre de 2000, las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional contra el Delito Organizado que incluye un Protocolo para Evitar, Eliminar y Sancionar el Tráfico de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños. Al abordar todas las formas de tráfico de personas, incluida la explotación sexual, el trabajo forzado y la extirpación de órganos, el Protocolo constituye el instrumento internacional más completo que se ha elaborado hasta la fecha. Pese a su aplicabilidad restringida al tráfico de carácter transnacional que involucra a grupos delictivos organizados, constituirá una herramienta valiosa contra estas prácticas. Lamentablemente, ni la Convención ni el Protocolo están vigentes. Hasta la fecha, sólo 16 naciones han ratificado la Convención y 13 han ratificado el Protocolo, de las 40 ratificaciones que se requieren para que entre en vigor.
Otras convenciones referentes a la esclavitud, a prácticas vinculadas a la esclavitud, al tráfico de personas y la explotación internacional de la prostitución han demostrado ser inadecuadas. Un signo elocuente es que sólo un 25% de los países del mundo ha ratificado la Convención de 1949 para la Eliminación del Tráfico de Personas y la Explotación de la Prostitución.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Parlamento Europeo han expresado su preocupación, al igual que una serie de gobiernos, y ello ha despertado un reciente interés en combatir este fenómeno a nivel mundial. Esta atención debe incorporar programas para documentar mejor las realidades del tráfico. Los datos empíricos permitirán a los gobiernos enfrentar este fenómeno delictivo y el terrible costo que significa para las vidas y la dignidad de los segmentos más vulnerables de la población mundial: las mujeres y los niños. Sólo una mayor indignación de la opinión pública puede poner fin a esta forma cruel de esclavitud humana moderna.




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