La trigésima primera asamblea de delegadas de la cim



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Tráfico de niños

El tráfico de menores implica una mayor responsabilidad y carga para los gobiernos y los proveedores de servicios que los adultos debido a la vulnerabilidad particular de esta población. El creciente número de niños no acompañados en el proceso de migración sólo incrementará el número de víctimas menores potenciales del tráfico sexual.


En base a las entrevistas, la identificación de niños en el tráfico se hace cada vez más difícil con el uso de identificaciones falsas y debido a que se aconseja a los menores declarar a las autoridades una edad mayor. Una vez identificados, los niños rara vez obtienen la atención y el tratamiento necesarios de acuerdo con su experiencia. Las instituciones estatales encargadas del cuidado de los niños fueron categorizadas como las peores de la región, al estar afectadas por falta de financiamiento y de recursos humanos (en cantidad y calidad) y una organización deficiente. Como informa Casa Alianza, las niñas traficadas rescatadas de burdeles en Ciudad de Guatemala a comienzos de julio fueron alojadas en la penitenciaría “por su seguridad.” Las instituciones rara vez ofrecen programas de integración y el seguimiento de los casos es prácticamente inexistente.



Necesidades en materia de especialización
Si bien las autoridades policiales y judiciales han avanzado hacia el establecimiento de unidades especializadas para atender delitos tales como la violencia contra la mujer, la explotación sexual de niños y el delito organizado, la mayoría de ellas están escasamente financiadas y pocas superan las fronteras de la capital de los países. El problema surge cuando una rama está especializada pero las demás ramas fundamentales para la investigación y otras actividades mantiene un carácter generalizado. La información con frecuencia se pierde o se canaliza erróneamente en un trámite necesario entre ellas.
La capacitación especializada en delito organizado, incluido el tráfico de personas, se está iniciando con la existencia y cooperación de países tales como Estado Unidos y España, pero muchos de los consultados observaron que, una vez capacitados, las personas con frecuencia no van a ocupar los cargos donde pueden utilizar la especialización o se imparte la capacitación a personas que ya se ocupan de cuestiones diferentes.
Los cambios de administración con frecuencia complican la continuidad de las políticas y los servicios. En el curso de esta investigación, Nicaragua, Costa Rica y Honduras tuvieron elecciones presidenciales que alteraron radicalmente el contexto gubernamental. Los programas establecidos por la administración anterior, inclusive del mismo partido político, fueron interrumpidos por su evaluación e inclusive suspendidos. Un alto porcentaje del personal político y técnico fue sustituido, sacrificando todo fortalecimiento de la capacidad que se hubiera logrado en el gobierno anterior.
Falta de cooperación y coordinación regional o internacional
El tráfico en la región comúnmente implica un movimiento transnacional; sin embargo, no existe una coordinación de las actividades policiales y judiciales a través de esa frontera. El rescate de menores extranjeros puede dar inicio a una investigación por parte de la policía y la justicia en el país de destino, pero la información sobre los casos nunca es trasmitida a los organismos policiales y judiciales del país de origen. Inclusive a lo largo de las zonas fronterizas, los funcionarios gubernamentales no han emprendido ninguna actividad bilateral para hacer cumplir la ley. Como lo señaló un investigador policial de Nicaragua, la comunicación entre las contrapartes es vital no sólo para intercambiar información sino también para comprender mejor las capacidades y las limitaciones humanas y tecnológicas del otro país. Ninguna de las dependencias policiales y judiciales consultadas tenían capacidad para realizar llamadas telefónicas o trasmitir faxes a nivel internacional. INTERPOL ayuda en escasa medida suministrando listas de fugitivos internacionales pero pocos agentes consultados consideraron que la INTERPOL tenía una participación suficientemente activa.
Los principales mecanismos de intercambio de información regional son los consulados, las oficinas de los defensores de los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales. Los consulados han constituido un importante enlace entre los peticionarios, tales como los padres de menores desaparecidos y los organismos policiales y judiciales locales del país anfitrión. Las denuncias recibidas a través de las oficinas de los defensores de los derechos humanos en un país habitualmente son compartidas con la institución de contrapartida del país afectado. Por último, la vaga red de organizaciones de derechos humanos que acepta denuncias sobre estos problemas habitualmente se apoyan mutuamente en la investigación, transmisión de denuncias a las autoridades locales o información a la prensa. Estas redes de comunicaciones han demostrado ser sumamente eficaces y están en condiciones de brindar la protección necesaria y los servicios de integración a las víctimas. Sin embargo, estas instituciones están significativamente restringidas: las organizaciones e instituciones a menudo están restringidas en su capacidad para continuar otras investigaciones y carecen de competencias para procesar y arrestar a los traficantes. En ausencia de una coordinación similar entre los organismos policiales y judiciales, el problema del tráfico en la región sólo será encarado pero no resuelto.





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