La trigésima primera asamblea de delegadas de la cim


E. Obstáculos principales



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E. Obstáculos principales
Al considerar las políticas y los sistemas legislativos mencionados, de los que se dispone para combatir el tráfico, es importante resaltar cómo han sido aplicadas en la práctica estas medidas. Sobre todo, la implementación de las medidas de protección vigentes es escasa, lo que contribuye a la impunidad de los traficantes y a que no lleguen a las víctimas y sobrevivientes del tráfico los servicios necesarios. Uno de los problemas más sustanciales es la escasez de recursos, tanto humanos, técnicos como financieros. Una gran mayoría de las unidades policiales y de inmigración de la región desempeña sus funciones sin un equipo adecuado (computadoras, vehículos, cámaras de video, grabadores, teléfonos, faxes, etc.). Con la escasa tecnología disponible, actividades tales como el control estricto de las fronteras y las operaciones secretas se ven sumamente comprometidas. Dichas fuentes indicaron la necesidad de incrementar la dotación de personal -en la policía y la justicia, la inmigración y los servicios de protección y bienestar. La escasez de personal hace que se sigan ignorando problemas acuciantes y no ha permitido la especialización necesaria, especialmente cuando se responde a las actividades de tráfico, a sus víctimas y sus sobrevivientes. Por último, las limitaciones financieras generales han exigido que los servicios del Estado establezcan prioridades. Debido a la falta de información sobre el tráfico, las escasas denuncias, la falta de presión política y otros factores, la cuestión pierde competitividad para obtener los escasos recursos.
Existen ciertas iniciativas que mantienen el status quo. Como la experiencia reciente ha enseñado a muchos países de otras regiones del mundo, una respuesta efectiva al tráfico no sólo debe focalizar la conducta criminal, sino también ofrecer servicios de protección, recuperación e integración a las víctimas. Se ha recomendado que estas medidas de protección de los derechos humanos incluyan el ofrecimiento de refugio, asistencia letrada, atención médica y asesoramiento, programas de visa temporarias en los Estados de destino para permitir que las víctimas se recuperen y participen en los procesos judiciales, así como programas de apoyo y de capacitación profesional para quienes regresan a sus países o regiones de origen. Para una infraestructura ya empobrecida, estas obligaciones financieras pueden ser demasiado onerosas.

Pese a reconocerse las limitaciones de recursos, ello de por sí no explica la negligencia generalizada. Muchos otros factores contribuyen a la inacción existente, los más visibles de los cuales son los siguientes: 1) escasez de información sobre el tráfico y un número mínimo de denuncias de parte de las víctimas; 2) ausencia del tema en los temarios nacionales y regionales; 3) deficiencias en los mecanismos encargados de hacer cumplir la ley; 4) falta de idoneidad y de servicios especializados, y 5) una coordinación mínima entre los actores pertinentes a todos los niveles (dentro de los organismos; entre instituciones y entre gobiernos). Estos elementos con frecuencia confluyen, por lo cual reducen la posibilidad de una intervención positiva contra el tráfico e incrementan las posibilidades de que se siga haciendo víctimas del tráfico o se vuelva a ser víctimas del tráfico a mujeres y niños.


Necesidades de información
El proceso de consulta e investigación en la región ha revelado cómo hasta qué punto las instituciones del Estado y, en menor medida, las organizaciones no gubernamentales, desconocen el problema del tráfico. Esta falta de conocimiento no ha de sorprender, dado el gran vacío de información que ha permitido que el problema se mantenga en gran medida oculto.
Los sistemas de datos existentes no producen una información que ayude a elaborar una clara comprensión del fenómeno. Los registros de las autoridades policiales y judiciales sobre el tráfico y delitos afines sólo reflejan los casos resultantes de denuncias, que por muchas razones son sumamente raros. Los informes sobre el bienestar del niño utilizan las clasificaciones más elementales para registrar a los niños –sea como adolescentes en conflicto con la ley o en riesgo. La información que puede revelarse en el curso del tratamiento no llega a las bases de datos generalizadas. Las estadísticas sobre migración, cuando existen, rara vez establecen un desglose por sexo y/o edad y no informan de las condiciones de salida o retorno. Los sistemas de control de la salud de las trabajadoras sexuales y los programas focalizados en el VIH/SIDA, aunque ofrecen una información sistemática, revelan sólo indicadores indirectos sobre el tráfico. Además, estos registros difícilmente incluyan a la población de mujeres y niños traficados en las circunstancias más extremas –los que no pueden o no quieren tener acceso a los servicios. Actualmente, no se dispone de ninguna estadística que cuantifique con precisión la magnitud del tráfico en la región o dentro de cada país.
La escasa información que se recaba no se distribuye debidamente. A lo largo y ancho de la región, se relataron a los investigadores instancias en que la información clave no era compartida con las autoridades pertinentes. Por ejemplo, los inspectores de trabajo que sabían de niños que trabajaban en bares y centro nocturnos no coordinaron la información con la policía y las autoridades judiciales; estas no informaron a los consulados de los casos de tráfico que involucraban a sus nacionales, sea como acusados o como víctimas; los consulados, por su parte, no han informado a las autoridades policiales y judiciales de sus países de origen, inclusive en los casos en que el reclutamiento y otras actividades se producen en esos países. La lista de sospechosos de estar involucrados en el tráfico internacional con frecuencia no está a disposición de todos los puestos fronterizos. Por último, fuentes de las ONG y de la sociedad civil poseen información valiosa que no siempre llega a los actores estatales.
Los sistemas de recolección e intercambio de información tienen que coincidir con los de los propios traficantes. Parecería que, a estar de las entrevistas, la inteligencia, inclusive la generada por el gobierno, con frecuencia es más fácil de obtener en el mercado negro que a través de los conductos oficiales. En varios Estados, los fiscales y los abogados se quejan de la incapacidad de responder con suficiente rapidez a las denuncias. Las batidas coordinadas de los establecimientos con frecuencias comprueban que el bar había sido cerrado o que están ausentes los menores que se habían denunciado trabajaban allí unas pocas horas antes. Las autoridades sospechan que existe corrupción pero es muy escasa la acción emprendida para abordar el problema.
Inexistencia de compromiso político
Quizás debido a la falta de información, el problema del tráfico de personas y particularmente el tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual comercial no ocupa un lugar prioritario en los temarios nacionales. Se está prestando cierta atención a través de iniciativas de política contra la explotación sexual comercial de niños. Pero inclusive en los casos que en tales plataformas se incluyen textos contra el tráfico, no ofrecen una explicación acabada. Las recomendaciones de medidas rara vez responden a la naturaleza particular del tráfico –el traslado forzado que lo diferencia de otras prácticas de explotación. Además, estas políticas enfrentan la falta de un financiamiento independiente y la frecuente desestabilización de sus órganos de coordinación en la región. Aún menos atención se presta al tráfico de mujeres. De los ocho Estados, la República Dominicana era el único que había asignado recursos institucionales para combatir el tráfico de mujeres.
A falta de declaraciones de política firmes, ha sido difícil lograr que se preste atención al problema. Las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, de la inmigración y el bienestar, que cuentan con numerosas competencias conflictivas, se ocupan de otros problemas. Además, la coordinación entre los organismos se hace difícil a falta de una visión clara y unificada que pueda reconocer los papeles correspondientes a cada institución y a la sociedad civil.
Desafíos de la aplicación de la ley
La aplicación de sanciones penales y administrativas contra los traficantes es sumamente frágil en la región y, ello, por una serie de razones. Ante todo, está el problema de las denuncias. La actitud prevaleciente en la policía y la justicia es que el delito de tráfico no ocurre si no es denunciado. En muchos casos esta posición refleja un requisito legal que sólo permite la investigación del tráfico de adultos previa denuncia oficial.56/ Dado que son muy escasos los informes o denuncias de tráfico que involucra a mujeres, los recursos y el tiempo se dedican a otros problemas. Aún en el caso del tráfico de niños, no se realizan investigaciones independientes a menos que se establezca esa prioridad, lo que rara vez ocurre. Además, las dependencias están mal equipadas para realizar operativos secretos debido a la falta de capacitación, tiempo y equipo técnico.
En la práctica, los casos de tráfico son procesados sobre la base de las declaraciones de la víctima y muy poco más. La cooperación tras los procedimientos iniciales en general plantea deficiencias y en la mayoría de los casos son desestimados por falta de pruebas. Los Estados son particularmente incapaces de manejar los casos de tráfico en que la víctima es un extranjero y carece de medios independientes para mantenerse en el país. Los casos comúnmente se abren con una declaración inicial de la víctima pero son abandonados después que la persona es deportada o devuelta al país de origen. Compete a la víctima encontrar los medios para regresar a brindar testimonio ante la justicia dentro de los plazos correspondientes.
En la práctica, las medidas policiales y judiciales tienen mayores consecuencias (positivas y negativas) para la víctima que las del traficante, dado que es más fácil aplicar la legislación correspondiente a las circunstancias de la víctima. En lugar de procesar a los traficantes, los funcionarios policiales y judiciales en la mayoría de los casos simplemente deportan a las víctimas. Se concentran en el arresto de adultos en base a cuestiones de inmigración , cuando muchos de ellos pueden ser víctimas, y rescatan a las víctimas menores en base a preocupaciones de protección. Dado que las acusaciones penales vinculadas al tráfico y otros delitos han demostrado ser difíciles de procesar, especialmente cuando no se dispone de testigos materiales, el traficante permanece impune.




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