La trigésima primera asamblea de delegadas de la cim


Cuadro 13 Situación y regulación de la prostitución



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Cuadro 13
Situación y regulación de la prostitución


País

Legislación pertinente

Controles de salud

Belice

La prostitución de adultos es legal excepto se ejerza en zonas públicas. Están prohibidas la instigación, el comercio en prostitución y la propiedad de burdeles. Facilitar el movimiento o la salida de una mujer con fines de prostitución es ilegal. Es ilegal la prostitución infantil.

El Ministerio de Salud ofrece exámenes sobre enfermedades venéreas y VIH/SIDA. SE considera instituir exámenes de salud obligatorios y la expedición de tarjetas de salud..

Costa Rica

La prostitución de adultos es legal. Está prohibida la instigación y el proxenetismo. Es ilegal la facilitación de la entrada o salida de una persona con fines de prostitución. Es ilegal la prostitución infantil.

Se exigen exámenes de salud a través del Ministerio de Salud. SE exige portar una tarjeta de salud. Las ONG también ofrecen exámenes..

República Dominicana

La prostitución de adultos es legal. Está prohibida la instigación y el proxenetismo. Es ilegal la facilitación de la entrada o salida de una persona con fines de prostitución.

Se exige exámenes periódicos.

El Salvador

La prostitución de adultos es legal; el ejercicio en zonas públicas es sancionable por multas en San Salvador. Están prohibidos la instigación y el proxenetismo. La instigación a la prostitución es un delito. La prostitución de niños es ilegal.

Los exámenes de salud son realizados por el Ministerio de Salud y por varias ONG.

Guatemala

La prostitución de adultos es legal. Están prohibidos el proxenetismo y la instigación. Es ilegal la facilitación de la entrada o salida de una persona con fines de prostitución. Es ilegal la prostitución infantil.

El Ministerio exige y ofrece controles de salud. Una ONG en Ciudad de Guatemala ofrece exámenes y educación a las mujeres de bares y burdeles.

Honduras

La prostitución de adultos es legal; el ejercicio público es sancionable de acuerdo con el código policial municipal. Están prohibidos la instigación y el proxenetismo. La facilitación de la entra o salida de una persona con fines de prostitución es ilegal. Es ilegal la prostitución infantil.

Se exigen controles de salud. El Ministerio de Salud emite las tarjetas..

Nicaragua

La prostitución de adultos es legal. Están prohibidos el proxenetismo y la instigación. La facilitación de la entra o salida con fines de prostitución es ilegal; también es delito la instigación a la prostitución. Es ilegal la prostitución de niños.

N/A

Panamá

La prostitución adulta es legal; el ejercicio público es sancionable por el código policial municipal. Están prohibidas la instigación y el proxenetismo. La facilitación de la entra o salida de una persona con fines de prostitución es ilegal, a menos que se obtenga previamente una visa especial de “alternadora”, regulada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. La prostitución infantil es ilegal..

Exámenes semanales obligatorios. Se exige portar tarjetas de salud.

La aplicación de las leyes de instigación y proxenetismo es sumamente deficiente. En la mayoría de los países, las batidas en bares y burdeles son realizadas cuando se sospecha de prostitución infantil, pero los adultos detectados en circunstancias de prostitución, aunque sea resultado de la coerción, el engaño, la fuerza, etc., son ignoradas. Además, las fuentes de organismos encargados de hacer cumplir la ley y de la justicia de la región denuncian obstáculos en estas batidas –sea porque se aconseja a los menores que mientan acerca de su edad o que porten identificación falsa, o porque se retira a los menores de las instalaciones tras ser advertidos anticipadamente de la actividad policial. Se tiene certeza de que existe complicidad policial. Aparte de ser clientes, muchas fuentes sospechan de la participación policial en la notificación de los propietarios cuando se proyectan inspecciones o batidas. A través de la región, los jueces, fiscales y funcionarios policiales, así como los médicos forenses, en conjunto, con frecuencia realizan las batidas. Algunas fuentes se quejan de que este nivel de coordinación inevitablemente da lugar a que la información llegue a los sospechosos de actos delictivos.


Tráfico y salud
El creciente número de personas afectadas por VIH/SIDA en la región ha dado lugar a la creación de una legislación especial sobre el tratamiento del VIH/SIDA y de los derechos de sus víctimas, el establecimiento de comisiones de SIDA intersectoriales que involucran la participación de órganos estatales y no estatales y el surgimiento de foros regionales para intercambiar información y establecer la coordinación. Estos órganos reconocen no sólo la vulnerabilidad particular de la comunidad de las trabajadoras sexuales comerciales, sino también las peligrosas consecuencias de la migración de trabajadoras sexuales y de sus clientes. Lamentablemente, estos grupos aún no han abordado las necesidades particulares de salud de las personas traficadas ni han identificado a éstas como grupo vulnerable separado, aparte de las trabajadoras sexuales.
Muchos profesionales de la salud consultados explicaron su posición comprometida: se ven obligados a optar entre denunciar un delito o atender las necesidades de salud de las mujeres traficadas y de los niños prostituidos. Una ONG de Guatemala explicaba que el intercambio de información con mujeres y menores en relación con sus derechos daría lugar a que automáticamente se restringiera su acceso y se suspendieran los servicios. Los profesionales de la salud han convencido a los propietarios de bares que les conviene mantener la salud de las mujeres y los menores pero la cooperación no pasa de ahí.
Tráfico e inmigración ilegal
Las políticas y la legislación sobre inmigración tienen efectos profundos en las víctimas del tráfico y en las actividades de tráfico. A raíz de haber sido traficadas, muchas víctimas con frecuencia se encuentran en destinos en forma ilegal. Su estatuto jurídico las torna más vulnerables a la deportación y la amenaza de denuncias constituye con frecuencia un mecanismo de control que utilizan los traficantes. En la región, el estatuto jurídico de las personas traficadas fue muy frecuentemente una cuestión que se analizó en Belice y en Panamá, y en menor medida, en Guatemala y Costa Rica.
La aplicación de las disposiciones de inmigración y otras disposiciones penales afines en la mayoría de los casos victimiza aún más a las mujeres y niños traficados. Las víctimas enfrentan multas, penitenciaría y/o la deportación. Actualmente, ninguno de los países dispone de procedimientos formales para identificar a las personas traficadas. De acuerdo con fuentes de inmigración, las mujeres que denuncian haber sido traficadas pueden denunciar el delito ante las autoridades policiales y judiciales. En la práctica, debido a que no existen mecanismos de identificación, las mujeres traficadas no son informadas de sus derechos jurídicos como víctimas. Las amenazas, el estigma y una indisposición general a cooperar con las autoridades también mantienen el silencio de las mujeres en torno a sus experiencias, de modo que las opciones, aunque existan, rara vez son utilizadas. De la misma manera, tampoco se formularon medidas de protección, aunque se señalaron instancias de intervenciones positivas de los consulados de las personas traficadas.
Los países de destino de Belice y Panamá presentaron el recurso más notorio a las medidas de inmigración para responder a las mujeres y los niños extranjeros que se encuentran en situaciones de prostitución y otras formas de explotación sexual. En Belice, por ejemplo, mujeres de Guatemala, Honduras y El Salvador descubiertas en burdeles son arrestadas y procesadas por encontrarse ilegalmente en el país. Este delito es sancionable con seis meses de penitenciaría y una multa de US$ 500. Las autoridades de inmigración de Belice declararon que se utiliza la ley de inmigraciones para controlar la prostitución porque esos delitos son más fáciles de procesar con éxito que los delitos de incitación y afines, que responsabilizarían a los traficantes. En Panamá, las mujeres también son objeto de deportación a través de procesos de inmigración. Los consulados, que en gran medida han demostrado ser las únicas instancias de protección para las mujeres traficadas en la región, a veces logran obtener la liberación anticipada de sus nacionales.



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