La trigésima primera asamblea de delegadas de la cim


V. TRÁFICO SEXUAL EN LA REGION



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V. TRÁFICO SEXUAL EN LA REGION
El tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual comercial en Centroamérica y el Caribe es una realidad innegable que está ocurriendo dentro y fuera de las fronteras nacionales. El panorama que figura a continuación pretende explorar las características más esenciales de esta práctica.

A. Factores de riesgo
Relacionados con la persona
En la región, las fuentes señalan la misma maraña de factores individuales que contribuyen a que ciertas personas se tornen vulnerables al tráfico y la explotación sexual. Ninguno de los factores es determinante pero su existencia en un campo minado por la demanda de servicios sexuales comerciales y redes delictivas que funcionan con impunidad incrementa el riesgo de que las personas caigan en el ciclo de tráfico. Los estudios de otras regiones del mundo también han identificado estos elementos como factores que contribuyen al tráfico; su grado de intensidad en Centroamérica y el Caribe contribuye al nivel de la actividad de tráfico que se produce.
En el caso de las mujeres, la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestimenta y vivienda y la falta de alternativas de empleo en su país son los principales elementos que contribuyen a su vulnerabilidad. Complicando las necesidades económicas existen otros factores tales como la responsabilidad primaria por los hijos, el analfabetismo o una instrucción mínima y la falta de capacitación y de habilidades técnicas. Los antecedentes de abuso físico o sexual también parecen contribuir al riesgo de ser traficada.
Los factores económicos y educativos están claramente ilustradas a nivel macroeconómico. Simplemente dentro de la región, los países de origen (República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) registran el PIB más bajo en relación con los puntos de destino de sus nacionales (Costa Rica, Panamá, y Belice). Comparativamente, los países de origen también registran las más altas tasas de analfabetismo entre los jóvenes y las más bajas tasas de inscripción de niñas en la enseñanza primaria.
Muchos de los investigadores consultados comentaron la necesidad de contar con alternativas de empleo reales para reducir el riesgo de que las mujeres sean traficadas y especialmente re-traficadas. A las víctimas del tráfico sexual se les paga y se bien el nivel es bajo, en muchos casos sigue siendo sustancialmente superior a otras opciones. En los casos en que existen programas de capacitación laboral para la mujer, se han concentrado en las tareas de cosmética, costura y cocina. La mayor parte de los defensores de los derechos humanos declaran que estos programas son notoriamente ineficaces.



En 1995, en un estudio sobre la prostitución en adultos en Panamá, llegó a la conclusión de que “la falta de vivienda, el desempleo y razones económicas eran las causas más comunes entre los entrevistados, que representaban el 42,5% del total. Otro indicador importante es la influencia corruptiva de que la [trabajadora sexual] fue víctima, de parte de amigos, vecinos o familiares, lo que refleja el 26%; desintegración familiar y el abandono también eran parte de las causas principales de su actual estilo de vida, registrando el 22% y el 16%, respectivamente. El abuso sexual era otro de los motivos de desviación, pero en menor medida, registrando un 12%.”30/

En el caso de los niños, problemas vinculados al abuso sexual, el abuso físico, la desintegración familiar, la deserción escolar, la gravidez en la adolescencia, la falta de un hogar, la participación en bandas y el uso de drogas parecen combinarse con las necesidades económicas (del niño y de quienes están a su cuidado) para crear el riesgo de ser traficado. La homosexualidad, el travestismo y la transexualidad entre varones son también factores de riesgo sustanciales.


Lamentablemente, la gran mayoría de estos problemas no han merecido atención. El abuso de niños y la desintegración familiar son esferas que han merecido escasa prioridad en la atención del Estado. La sanción jurídica y las medidas de protección en general son ineficaces y los servicios sociales que ayudan a las víctimas recién están surgiendo. En varios de los países estudiados, fueron comunes las denuncias sobre el extraordinariamente ineficiente funcionamiento de los organismos de bienestar infantil. Con frecuencia no existían medidas d protección inmediata para niños debido a las escasas horas de trabajo y a la ausencia d refugios de 24 horas; los programas de asesoramiento y rehabilitación están mal equipados y escasamente dotados de personal y el tratamiento es con frecuencia generalizado sin considerar necesidades particulares del niños.


La mayoría de las mujeres jóvenes que ejercen la prostitución en Guatemala habían sido usadas sexualmente por familiares y su primer contacto sexual se había producido entre los ocho y 11 años de edad.31/
En Honduras, un relevamiento de 100 niños sexualmente explotados demostró que el 42% habían tenido sus primeras relaciones sexuales entre los 12 y 13 años. El 50% de los niños del estudio habían sido víctimas de violencia sexual entre los 10 y los 13 años de edad.32/
Una muestra de 166 mujeres y menores en prostitución en Belice reveló que la mayoría había tenido su primera experiencia sexual entre las edades de 13 y 15 años.33/
Un estudio en Panamá focalizado en los niños víctimas de explotación sexual demostró que “alrededor del 50% de los entrevistados habían huido de sus hogares por diferentes abusos.”34/
En Costa Rica, una encuesta reciente de 100 niños en situaciones de explotación sexual indicó que el 55% de las niñas entrevistadas en San José y el 50% de las niñas en la ciudad portuaria de Limón habían sido víctimas de abuso sexual antes de los 12 años de edad.35/

Relación con circunstancias externas
Numerosas condiciones externas parecen contribuir a un entorno favorable a la actividad de tráfico sexual. Los entrevistados comúnmente mencionaron la existencia de discriminación de género, actitudes imperantes que objetivizan a los niños, controles de inmigración frágiles y más oportunidades para emigrar, corrupción y el efecto de las políticas de globalización. La demanda de servicios sexuales y la existencia de redes de tráfico son elementos que se exploran más adelante.
Tráfico y migración
Los traficantes son muy conscientes de las políticas, la legislación y las prácticas de inmigración a menudo actuando a través de procesos legales con fines ilícitos. Las autoridades policiales y de inmigración, que actúan conjuntamente a lo largo de las fronteras internacionales de la región, reconocen que existe tráfico sexual. En las entrevistas, las autoridades señalan diversos obstáculos que inhiben su capacidad para combatir el tráfico incluida la existencia de bastas zonas fronterizas sin control, la falta de personal adecuado, la falta de computarización o de sistemas eficientes para el intercambio de información y la falta de capacitación especializada, así como la corrupción.
Muchas personas consultadas mencionaron también que el Plan CA-4 es un factor que contribuye a fomentar la actividad del tráfico. Este acuerdo revolucionó el movimiento entre los Estados que lo integran: Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, En el marco del plan, un ciudadano adulto de cualquiera de los cuatro países puede permanecer en uno de los demás por un período de 90 días sin tener que abandonar el territorio ni procurar un permiso de residencia. Una simple tarjeta de identificación y no un pasaporte, es lo que se requiere para atravesar la frontera. En cuanto al tráfico intra regional esta liberalización del movimiento permite que los traficantes y sus víctimas puedan viajar sin ser detectados.
Tráfico y globalización
Muchos expertos han vinculado la liberalización de los mercados y las estrategias de ajuste estructural de la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Bando Interamericano de Desarrollo con una erosión de las garantías de los derechos humanos. También se ha señalado la globalización como un factor que contribuye al tráfico de personas. En 2001, el Secretario General de la ONU solicitó información sobre la globalización y sus efectos en el ejercicio de los derechos humanos a los Estados Miembros. El pedido incluía una pregunta sobre la percepción de la relación, de haberla, entre “los procesos de globalización y aspectos negativos del comercio internacional tales como el tráfico de personas y armas y un creciente delito internacional.” En países del estudio, sólo Costa Rica respondió, declarando que

...[La] globalización ha estimulado el tráfico de personas y armas y ha dado lugar a un incremento del delito internacional y del tráfico de drogas en particular. Estas nuevas actividades ilícitas se ven también facilitadas por las nuevas tecnologías y los medios modernos de comunicaciones. Sin embargo estas tecnologías deberían también ser utilizadas para combatirlos.36/


El gobierno también respondió que “[l]a globalización de la economía debe estar seguida por la globalización de los derechos humanos genuinos. Si la globalización ha de fomentar la dignidad y los derechos humanos y de por sí consolidarse y tornarse permanente, las personas deben ser el centro de los esfuerzos y deben garantizarse sus derechos sociales jurídicos y culturales.37/




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