Cuando se carece de capacidad de obrar, por no tener capacidad de entender y querer o tenerla limitada, es necesario que una tercera persona -su representante- en su nombre, ejercite esos derechos



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Cuando se carece de capacidad de obrar, por no tener capacidad de entender y querer o tenerla limitada, es necesario que una tercera persona -su representante- en su nombre, ejercite esos derechos, si bien produciendo para éste los efectos del acto realizado. Quedan exceptuados lógicamente la realización de actos personalísimos, como por ejemplo el otorgamiento de un testamento, en cuyo caso ninguna persona puede representarle.



LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL

Las personas con discapacidad, necesitan de protección para ello se ha establecido en el Código Civil español, diversas figuras para su defensa, o la defensa en la situación de incapacidad, bien sea física o psíquica.

Algunas causas para la declaración de Incapacitación judicial son las siguientes:


  • Oligofrenia

  • Demencia

  • Esquizofrenia

  • Paranoia

  • Depresión

  • Trastorno bipolar

  • Anorexia nerviosa

  • Bulimia nerviosa

  • Deficiencias orgánicas y funcionales

Hay que tener en cuenta que no todas las patologías, aunque sean idénticas, afectan por igual a todas las personas que las padecen, de suerte que la capacidad de autogobierno tiene un componente marcadamente ambiental, referida a las circunstancias de todo tipo en que se desenvuelve el sujeto (edad, estado de salud, grado de cultura, responsabilidades familiares y laborales, nivel económico, integración social, etc.). De ahí pues que la capacidad de autogobierno venga referida al comportamiento normal y corriente de una persona de acuerdo con su vida, relaciones personales y sociales e intereses económicos. No tener capacidad de autogobierno supondrá que esa persona no puede actuar de acuerdo con los moldes y funcionamiento social del marco en que se encuentra.

Beneficiarios

El Capítulo I de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre (artículos 1- 8), regula “EL Patrimonio protegido de las personas con discapacidad”. en los siguientes términos:

“1. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad tendrá como beneficiario, exclusivamente, a la persona en cuyo interés se constituya, que será su titular.

2. A los efectos de esta ley únicamente tendrán la consideración de personas con discapacidad:

Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al treinta y tres por ciento.

b) Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al sesenta y cinco por ciento.

3. El grado de minusvalía se acreditará mediante certificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme”.

Los beneficiarios del citado patrimonio son “las personas con discapacidad”, afectadas por los grados de minusvalía que señala la referida norma, y ello con independencia de que concurran o no en ellas las causas de incapacitación previstas en el art. 200 del Código Civil, y de que hayan sido o no judicialmente incapacitadas.

Por tanto, “las personas discapacitadas” beneficiarias del patrimonio protegido pueden ser, discapacitados no incapacitados judicialmente, y discapacitados incapacitados judicialmente (incapacitación total e incapacitación parcial).

La cuestión estriba en que la Ley 41/2003 cuya vocación es proteger a los discapacitados con independencia de si existe o no incapacitación judicial, únicamente legítima, a falta de discernimiento del discapacitado, a sus padres, tutores, curadores, o, en su caso, a guardadores de hecho, para realizar determinadas actuaciones en relación con el patrimonio protegido: vgr. constitución del mismo o atender a la solicitud de constitución de cualquier persona (art. 3.1º y 2º), consentir aportaciones al patrimonio protegido (art. 4.2)

Por tanto, dejaría fuera de su ámbito de aplicación a las personas discapacitadas mayores de edad no incapacitadas judicialmente y que carezcan de “suficiente juicio”, (por ej. personas mayores con demencia senil, Alzheimer, discapacidad psíquica...), en la medida en que carezcan de padres, tutores o curadores. En el caso de que exista un guardador de hecho de la persona discapacitada, el art. 3.1º c) de la ley únicamente contempla la posible constitución del patrimonio por el guardador de una persona con discapacidad psíquica y además limitado a ciertas aportaciones, sin embargo, la nueva ley omite toda referencia al guardador de hecho en las demás actuaciones en relación con el patrimonio protegido del discapacitado.

El objeto de la citada ley es el llamado Patrimonio protegido al que se refiere el artículo 1.1, en los siguientes términos:

“1. El objeto de la presente Ley es favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de los mismos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares.

Tales bienes y derechos constituirán el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad”.

La Constitución del patrimonio protegido está regulada en el art. 3 de la Ley 41/2003, con el siguiente tenor:

“1. Podrán constituir un patrimonio protegido:

La propia persona con discapacidad beneficiaria del mismo, siempre que tenga capacidad de obrar suficiente.

Sus padres, tutores o curadores cuando la persona con discapacidad no tenga capacidad de obrar suficiente.

El guardador de hecho de una persona con discapacidad psíquica podrá constituir en beneficio de éste un patrimonio protegido con los bienes que sus padres o tutores le hubieran dejado por título hereditario o hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas por aquéllos y en los que hubiera sido designado beneficiario: todo ello sin perjuicio de los dispuesto en el artículos 303,304 y 306 del Código Civil”.

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad (BOE núm. 277, de 19 de noviembre), es precisamente uno de los casos en los que el legislador ha optado por permitir la creación de lo que denomina patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad, cuya principal característica, en palabras de la Exposición de Motivos, es la de que queda inmediata y directamente vinculado a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad, y se integra por bienes y derechos que son aportados a título gratuito. Esos bienes y derechos que forman este patrimonio, que no tiene personalidad jurídica propia, se aíslan del resto del patrimonio personal de su titular-beneficiario, sometiéndolos a un régimen de administración y supervisión específico. Aparece como un patrimonio de destino, en cuanto que las distintas aportaciones tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares.

LA TUTELA

Estarán sujetos a tutela:

Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.


  1. Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido.

  2. Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela.

  3. Los menores que se hallen en situación de desamparo.

Los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados.

Asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor.

Los documentos públicos a los que se refiere el presente artículo se comunicarán de oficio por el notario autorizante al Registro Civil, para su indicación en la inscripción de nacimiento del interesado.

En los procedimientos de incapacitación, el juez recabará certificación del Registro Civil y, en su caso, del registro de actos de última voluntad, a efectos de comprobar la existencia de las disposiciones a las que se refiere este artículo.

El Juez constituirá la tutela previa audiencia de los parientes más próximos, de las personas que considere oportuno, y, en todo caso, del tutelado si tuviera suficiente juicio y siempre si fuera mayor de doce años.

La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo:

Cuando por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los bienes, cada uno de los cuales actuará independientemente en el ámbito de su competencia, si bien las decisiones que conciernan a ambos deberán tomarlas conjuntamente.


  1. Cuando la tutela corresponda al padre y a la madre, será ejercida por ambos conjuntamente de modo análogo a la patria potestad.

  2. Si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su hermano y se considera conveniente que el cónyuge del tutor ejerza también la tutela.

  3. Cuando el Juez nombre tutores a las personas que los padres del tutelado hayan designado en testamento o documento público notarial para ejercer la tutela conjuntamente.
     


LA CURATELA

Están sujetos a curatela:



  1. Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley.

  2. Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad.

  3. Los declarados pródigos.

La curatela de los incapacitados tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido.

EL DEFENSOR JUDICIAL

Se nombrará un defensor judicial que represente y ampare los intereses de quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos:


  1. Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos padres, si el conflicto de intereses existiere sólo con uno de ellos, corresponderá al otro por Ley, sin necesidad de especial nombramiento, representar y amparar al menor o incapacitado.

  2. En el supuesto de que, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.

  3. En todos los demás casos previstos en este Código.

Cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela y en tanto no recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su representación y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando además del cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes, el Juez podrá designar un administrador de los mismos, quien deberá rendirle cuentas de su gestión una vez concluida.

El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo.

LA AUTOTUTELA

Con el término de autotutela se alude a la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsión de su propia y futura incapacitación, lo cual puede ser especialmente importante en el caso de enfermedades degenerativas. El planteamiento del legislador, expresado en la Exposición de Motivos, es que si a los padres ya les está permitido adoptar las medidas que consideren oportunas respecto de la persona y bienes de sus hijos menores o incapacitados, no se ven obstáculos para que esta misma posibilidad corresponda a una persona con capacidad de obrar suficiente respecto de sí mismo, para el caso de ser incapacitado. Se trata de una respuesta normativa que se va abriendo paso en nuestro ordenamiento a impulsos de una realidad social que demanda con cada vez mayor intensidad la ampliación de las posibilidades de ejercicio legítimo de los derechos de la personalidad y el respeto a la autonomía privada. Así, a modo de ejemplo y en esta misma línea, puede citarse la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que regula en su art. 11.1.

La autotutela se regula en el Código Civil, en concreto en los arts. 223, 234 y 239, consistente en habilitar a las personas capaces para adoptar las disposiciones que considere oportunas en previsión de su propia incapacitación, y en alterar el orden de delación de la tutela, prefiriendo como tutor en primer lugar al designado por el propio tutelado, si bien subsiste la facultad genérica del juez de alterar el orden de delación cuando así convenga al interés del incapacitado, pero siempre que hayan sobrevenido circunstancias que no fueron tenidas en cuenta al efectuar la designación. Además, se garantiza que el juez que conozca de la constitución de la tutela pueda conocer la eventual existencia de disposiciones relativas a la misma, sean de los padres, sean del propio incapaz. Esta regulación viene a significar la superación de la posición mantenida en los debates de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, de modificación del Código civil en materia de tutela, en la que se postuló y se aprobó excluir la posibilidad que ahora se recoge.



En coherencia con la posibilidad legal que se reconoce a una persona tanto de promover su propia declaración de incapacidad como de disponer lo necesario en relación con la tutela, se modifica el orden de llamamientos a la tutela. Así, se establece (párrafo primero del art. 234 del Código Civil):
Para el nombramiento de tutor se preferirá:
1.º Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del art. 223.
2.º Al cónyuge que conviva con el tutelado.
3.º A los padres.
4.º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.
5.º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.


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