Corte suprema de justicia



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1. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.

Pretende la señora demandante cobrar valores que desde ningún punto de vista Servivienda está obligada a pagar, de donde cualquier concepto que se cobre por fuera de la relación contractual constituye un enriquecimiento sin causa.

2. FALTA DE CAUSA PARA PEDIR.

Como se explicó en la contestación de los hechos, [a]l socio activo, Servivienda[,] no le fue posible cumplir el contrato por circunstancias ajenas, imprevisibles y no atribuibles a su gestión, por lo tanto no puede pretenderse que deba responder por los perjuicios que hoy reclama la demandante.

3. MALA FE.

Por lo ya explicado en la contestación de los hechos.

3.2. En relación con esos planteamientos, forzoso es recordar que la simple denominación de excepción que el demandado dé a la defensa que enarbola, es insuficiente para que aquélla necesariamente adquiera la condición de tal, pues como lo ha sostenido esta Corporación, ‘en su sentido propio el vocablo ‘excepción’ no es sinónimo de cualquier defensa opuesta a la pretensión del actor, habida cuenta que como lo enseñaron desde comienzos de siglo ilustres expositores encabezados por Chiovenda, se defiende el demandado que se circunscribe a negar el fundamento de la pretensión, al paso que el demandado excepciona cuando aduce hechos nuevos que impiden la protección jurídica del interés del demandante o que tienden a justificar la extinción de las consecuencias jurídicas en las que aquella pretensión vino cimentada. En otras palabras, la proposición de una excepción desplaza de suyo los términos fácticos de la controversia, amplía la materia litigiosa en tanto introduce en la discusión hechos diversos de aquéllos afirmados por el actor, alterando por ende el ámbito de la decisión y sus posibles límites…’ (Casación del 30 de enero de 1992)’” (CSJ, SC del 31 de mayo de 2006, Rad. n.° 1997-00004-01; se subraya).


Y que “la excepción de mérito no es la mera negación de las súplicas de la demanda o de los hechos que las sustentan, aunque vislumbren alguna resistencia u oposición del demandado, pues, por el contrario, ella siempre envuelve un asunto novedoso que éste incorpora a la controversia, tendiente a enervar los pedimentos del accionante (CSJ, SC del 15 de enero de 2010, Rad. n.° 1998-00181-01).
En suma, es del caso destacar que toda excepción de mérito presupone “‘(…) la alegación de hechos nuevos, diversos a los postulados en la demanda, excluyentes de los efectos jurídicos de éstos, ya porque hayan impedido el nacimiento de tales efectos (hechos impeditivos), ya porque no obstante haber ellos nacido los nuevos hechos invocados los han extinguido (hechos extintivos). Cuando esto ocurre se está en el sector especial del derecho de defensa propio del concepto de excepción...’ (G. J. T. CXXX, pág. 18, reiterada en Casación Civil del 11 de mayo de 1981 no publicada)” (CSJ, SC del 31 de mayo de 2006, ib.).
3.3. Con apoyo en las premisas generales que anteceden, propio es colegir que los argumentos defensivos propuestos por los demandados al contestar la demanda, bajo la denominación de “EXCEPCIONES”, no son tales, en tanto que ellos se circunscribieron a controvertir los fundamentos fácticos de la acción, sin comportar la proposición de hechos distintos que sirvieran al propósito de desvirtuar el derecho reclamado por la actora, a ser indemnizada por los perjuicios que la partícipe gestora le ocasionó con la deficiente administración que hizo del contrato por ellas celebrado.
3.4. Siendo ese el genuino alcance de tales simples defensas, propio es notar que ellas quedaron completamente desvirtuadas con el estudio que se hizo de los elementos estructurales de la acción, sin que, por lo mismo, sean de recibo los planteamientos de la FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA-, relativos a que con el ejercicio de la acción de responsabilidad civil atrás analizada, su proponente pretenda enriquecerse ilícitamente; o a que el incumplimiento contractual en que aquélla incurrió, obedeció a “circunstancias ajenas, imprevisibles y no atribuibles a su gestión”; o a la supuesta mala fe de la accionante.
3.5. Por no tratarse de excepciones meritorias propiamente dichas, la Corte no hará ningún pronunciamiento expreso sobre ellas en la parte resolutiva de este fallo.
4. Los perjuicios y su indemnización.
4.1. Díjose atrás, y ahora se refrenda, que la deficiente administración del proyecto de construcción por parte de la partícipe gestora, la aquí demandada SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA-, irrogó perjuicio a la demandante, como quiera que lesionó su legítimo derecho a determinar los resultados económicos que hubiese arrojado el contrato entre ellas celebrado, daño que no puede confundirse con el derivado del incumplimiento de dicha convención y, menos, con la utilidad esperada en virtud de la misma, pues la responsabilidad deducida no tiene por fuente la inejecución del referido acuerdo de voluntades y porque la dicha utilidad, al momento en que se produjo la parálisis del negocio, era meramente hipotética o eventual.

4.2. Es consecuencia directa de la diferencia reiterada en precedencia, que no hay lugar aquí a disponer la devolución jurídica y material de la finca aportada por la accionante a la empresa común que contrató con las demandadas, pues una determinación semejante, sólo podría tener lugar dentro del contexto de la responsabilidad contractual.
No habiendo lugar al retorno del inmueble, como tal, tampoco se vislumbra pertinente el de sus frutos, ya sean los naturales o civiles, toda vez que ellos, por regla de principio, pertenecen a su dueño, según voces de los artículos 716 y 718 del Código Civil, en este caso, la demandada FUNDACIÓN DE SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA-.
4.3. Lo anterior no obsta para que, a título de daño emergente, se ordene el pago del valor que el inmueble tenía a la fecha en que la actora lo transfirió a la precitada convocada; y para que, en aras de establecer el lucro cesante, se aplique la regla del artículo 1617 ibídem, para disponer el reconocimiento de los intereses legales.
4.4. Ahora bien, como para la cuantificación de lo primero, es necesario apreciar el dictamen pericial que como prueba se rindió en el curso del proceso (fls. 59 a 69, cd. 2), considerada su aclaración y complementación (fls. 182 a 186, cd. 2) es necesario, antes de valorarlo, decidir la objeción por error grave que en relación con dicha probanza planteó la precitada demandada, cuestionamiento recogido en los escritos que militan del folio 72 al 76 y 188 a 189 del mismo cuaderno No. 2, lo que se hace en los siguientes términos:
Tres, en concreto, fueron los reproches que se elevaron, a saber: el desacierto del punto primero de la experticia, porque el valor de las construcciones efectuadas en el predio transferido por la demandante, no podía ser el allí fijado para el año 1995, según el avalúo catastral y el hecho de que al aportarse tal inmueble, se fijó su valor en la suma de $40.000.000; la equivocada determinación de la renta de la casa que existía en el predio y del producido de sus cafetales (punto segundo), en tanto que la gestora del proceso, por intermedio de su esposo, siguió usufructuando la finca por mucho tiempo después del año 1995; y, finalmente, el indebido cálculo contenido en el punto tercero, respecto del número de árboles de café plantados en el inmueble y su producción medida en arrobas-año, datos que no se ajustan a los que posee la “Federación de Cafeteros”.
Sobre la base de que “(…) ‘por ‘error’ se entiende el ‘concepto equivocado o juicio falso’ y por ‘grave’ lo que es ‘grande, de mucha entidad o importancia’, según se define en el Diccionario de la Real Academia Española (…)”, esta Corporación tiene decantado que “no cualquier tacha contra el dictamen conduce a descalificarlo. Los reparos procedentes al respecto son los que, amén de protuberantes, en términos generales, se oponen a la verdad o a la naturaleza de las cosas, a tal punto que si no se hubieren cometido los resultados habrían sido diametralmente distintos…La Corte, reiterando doctrina anterior, en el punto tiene explicado que las características de los errores de ese linaje y que permiten diferenciarlos de otros defectos imputables al dictamen pericial, ‘es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven’ (Cas. Civ., sentencia del 12 de diciembre de 2005, expediente No. C-2530731840012001-00005-01; se subraya)” (CSJ, SC del 9 de septiembre de 2011, Rad. n.° 2001-00108-01).
Contrastado dicho criterio jurisprudencial con las específicas quejas sustentantes de la objeción examinada, se colige que ellas no tienen la connotación de “graves”, en el sentido que se deja precisado, y que, por lo mismo, mal podrían permitir la prosperidad del cuestionamiento de que se trata.
Disentir, por una parte, del valor que el perito le asignó a las mejoras plantadas en el predio sobre el que versó ese trabajo, o a los frutos del mismo; y, por otra, del cálculo sobre la capacidad productiva de la finca, sobre la base de que su aprovechamiento se efectuó con un plantío de café, no devela que el auxiliar de la justicia hubiese alterado la realidad sobre la que conceptuó y, mucho menos, de manera significativa o enorme.
De soslayarse que los reparos elevados están desprovistos de la advertida condición, se colige, de todas maneras, que ellos no fueron comprobados.
Propio es comprender la diferente naturaleza y significación que tiene el precio comercial de la finca cuya propiedad traspasó la actora a SERVIVIENDA y/o de las mejoras que existían en ella al momento de su entrega, que fue el que se solicitó al perito, frente, de un lado, al que se asignó al aporte realizado por la señora Montoya Villa al negocio común intentado por las litigantes y, de otro, al avalúo catastral del inmueble, valores estos últimos que, por lo tanto, no sirven para desvirtuar la estimación que de aquél, hizo el auxiliar de la justicia en su trabajo.
Se suma a lo anterior, que el informe rendido por el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia (fls. 304 a 313 precedentes), no infirma la productividad del predio calculada por el perito.
Basta lo dicho para concluir el fracaso de la objeción analizada.

4.5. Definido lo anterior, síguese a determinar el valor comercial de la finca al momento en que fue transferida a la prenombrada demandada.


4.5.1. En el dictamen primigeniamente presentado, su autor aseveró que “[e]l valor comercial del inmueble en [j]ulio 10 de 1995, fecha en que se recogió en un documento privado el contrato celebrado entre las partes en litis, es la suma de $185.000.000.oo M.L. (…). El valor comercial del inmueble para hoy [a]gosto 12 de 2004, es la suma de $245.000.000.oo M.L.”, tras lo cual el auxiliar explicó que por la inclusión del último valor, no era necesaria la indexación del primero.
Como las anteriores estimaciones carecen por completo de sustento, la Corte, en este punto, no otorgará mérito demostrativo a dicha experticia.
4.5.2. En la complementación al dictamen pericial rendido como prueba de la objeción (fls. 475 y 476 de este cuaderno), el encargado de dicho trabajo expresó:
1. Dentro de todo el estudio de campo, homogenización, investigación, entrevistas, reconstrucción de todo lo que fue de propiedad de la [s]eñora Beatriz Eugenia Montoya [V]illa antes de ser enajenad[a] a Servivienda y la reconstrucción, análisis, p[é]rdida y deterioro después de haber sido parte de Servivienda se determinaron los valores cuantificados y enumerados tal como lo solicitó el despacho y como a bien se envió en la experticia de (…) marzo 26 de 2014.
2. La experticia (…) contiene todo lo que fue el trabajo de campo, levantamientos, y análisis cualitativos y cuantitativos del bien inmueble dando cumplimiento a las normas del artículo 237 del código de procedimiento civil, la resolución 0762 del 23 de [o]ctubre de 1998, del [I]nstituto Geográfico Agustín Codazzi y decreto 1420 de 1998 sobre procedimiento y criterios para evaluar emanado del Ministerio de Desarrollo Económico.
3. Por olvido u omisión en la digitación de la experticia principal no se incluyó el valor del inmueble para el 10 de [j]ulio de 1995 en su valor comercial y con incremento del I.P.C. para la época, a sabiendas que sí se hizo durante todo el desarrollo del trabajo de investigación. En consecuencia me permito comunicar a su Despacho que para la fecha 10 de [j]ulio de 1995, el inmueble que la accionante transfirió a la FUNDACI[Ó]N DE SERVIVIO POPULAR (sic) -SERVIVIENDA- tenía un valor comercial de $183.800.000”.
A continuación, el perito elaboró una tabla explicativa de la corrección monetaria que aplicó a dicho valor y concluyó que “[s]u valor final para [j]ulio de 2016 será de S868.594.801 OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE”.
4.5.3. Como quiera que la estimación indicada en el punto que antecede está soportada en el concepto primeramente emitido por el auxiliar de la justicia (fls. 428 a 459 de este cuaderno), trabajo en el que, entre otros aspectos, se describió con detalle el inmueble sobre el que versó el mismo, se estableció su estrato, carácter urbano, cabida, sector al que pertenece, utilización, accesibilidad, área construida y cultivada, la Corte la tendrá en cuenta y, por ende, aceptará como valor comercial del bien para el 10 de julio de 1995, fecha de la escritura pública 246 de la Notaría única de Jericó, mediante la cual se verificó su traspaso por parte a la actora de la FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR –SERVIVIENDA-, la suma de $183.800.000.oo.
4.5.4. Ahora bien, dicho monto habrá de corregirse monetariamente, como se solicitó en la demanda, y lo impone tanto la lógica de las cosas, como el deber de que la reparación sea íntegra, que se desprende del artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Para ello se aplicará la fórmula Va = Vp X Índice final / Índice inicial, en la que la suma actualizada (Va), es igual a su valor histórico (Vh) multiplicado por el índice de precios al consumidor del mes hasta el que se va a realizar la actualización (índice final), dividido por el índice de precios al consumidor del mes del que se parta (índice inicial).
Al respecto, debe recordarse que los referidos índices de precios al consumidor son hechos notorios que no requieren de prueba en el proceso (art. 177, inciso 2º, C. de P.C.).
El índice de precios al consumidor para junio del año que avanza, último dato de que se dispone, fue de 132.58412; y para el 10 de julio de 1995, punto de arranque, era de 29.99151.
Así las cosas, se tiene:
Va = $183.800.000.oo X 132.58412 / 29.99151, lo que arroja la suma de $812.528.654,14.
4.5.5. No correspondiendo ese valor al calculado en la comentada experticia, la Sala optará por el que aquí se determinó, suma que, entonces, será la que ordenará pagar a la demandada FUNDACIÓN DE SERVICIO DE VIVIENDA -SERVIVIENDA- como indemnización, por concepto de daño emergente.
4.6. En lo que refiere al cálculo lucro cesante, se tomará como capital la suma de $183.800.000.oo y se aplicará el interés del 12% anual (0.5% mensual) desde el 10 de julio de 1995 hasta la fecha de cierre de la liquidación anterior (30 de junio de 2016), que totaliza 10 años, 11 meses y 20 días, es decir, 131.66 meses.
Hechas las cuentas ($183.800.000.oo X 0.5% X 131.66 meses), se obtiene como resultado la cantidad de $120.995.540.oo, monto del lucro cesante que se impondrá a la referida accionada.
5. Conclusiones.
Debido a los alcances parciales de este fallo sustitutivo, la Corte mantendrá sin ninguna modificación los puntos primero y tercero de su parte resolutiva, en lo que refiere a los demandados FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE SALES y CARLOS MARIO CÁRDENAS SOTO.
Respecto de la demandada FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA-, revocará el fallo de primera instancia y, en defecto del mismo, negará las pretensiones principales del libelo introductorio; la declarará civilmente responsable de los perjuicios que irrogó a la actora, con el comportamiento culposo que desplegó como administradora que fue, en su condición de partícipe gestora, del proyecto de construcción objeto del contrato que celebró con las intervinientes en el litigio, tal y como se solicitó en la pretensión subsidiaria de la demanda, identificada como CUARTA; y, consecuencialmente, la condenará a pagarle a aquélla la suma de $812.528.654,14, por concepto de daño emergente, y $120.995.540.oo, por concepto de lucro cesante.

El cálculo de la corrección monetaria y de los intereses legales que se causen a partir del 1º de julio de 2016 y hasta cuando se verifique el pago de la indemnización, deberá efectuarse de conformidad con el inciso final del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil y siguiendo los parámetros utilizados por la Corte en este proveído.

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