Corte suprema de justicia



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  • CUARTO
CONSIDERACIONES
1. Alcance del presente fallo.
1.1. Como ya se registró, la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda fueron negadas por el juzgado del conocimiento, en el fallo que profirió el 4 de mayo de 2006.
Ese proveído, lo confirmó el Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, en el suyo, que data del 5 de septiembre de 2007.
La sentencia de segunda instancia fue recurrida en casación por la demandante, quien en desarrollo de dicha impugnación extraordinaria propuso siete cargos, de los cuales la Corte admitió a trámite solamente el tercero, el cuarto y el séptimo. De estos tres, el último, dirigido a que se acogieran las pretensiones principales de la demanda, fracasó; y los dos restantes, que se estudiaron conjuntamente por versar ambos sobre la pretensión “subsidiaria eventual”, prosperaron.
1.2. Este breve recuento del acontecer procesal, permite colegir el alcance parcial del presente fallo sustitutivo, como quiera que la Sala, en desarrollo de él, únicamente puede ocuparse del pedimento identificado en la demanda como CUARTO (pretensión subsidiaria), que, como con mayor amplitud se verá más adelante, remite al TERCERO.
1.3. Es ostensible, entonces, que las restantes pretensiones, planteadas como principales, quedaron cabal y definitivamente decididas con el fallo de segunda instancia, toda vez que si, como viene de acotarse, la acusación enderezada a conseguir en casación su acogimiento, no se abrió camino, se tornó firme la confirmación que en ese proveído se hizo de la decisión desestimatoria de las mismas, adoptada por el a quo.
1.4. Se suma a lo anterior, que el Tribunal, en relación con la pretensión subsidiaria de que se trata, coligió que no se demostró la responsabilidad del señor Carlos Mario Cárdenas Soto, pues para el momento en el que éste asumió la administración y representación legal de la FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA-, el contrato celebrado por las partes ya estaba suspendido y, por lo tanto, las actuaciones que precedieron esa determinación y que condujeron a ella, no fueron realizadas por él.
Tal inferencia del ad quem no fue combatida en desarrollo del recurso extraordinario de que se trata, razón por la cual sigue irradiando todos los efectos jurídicos que le son propios, dejando así cerrado el debate que en torno del precitado demandado, se suscitó con la demanda.
1.5. Se colige, en definitiva, que como lo advirtió la Corte en su sentencia del 21 de agosto de 2011, el quiebre que se hizo del fallo del Tribunal tuvo “alcances parciales”, en la medida que operó “únicamente respecto de la Fundación Servicio de Vivienda Popular -Servivienda- y en cuanto negó la prosperidad de la pretensión indemnizatoria presentada en forma subsidiaria”.
2. La acción.
Fijados, como quedan, los linderos del presente pronunciamiento, se sigue al estudio de la acción ejercida mediante la proposición de las pretensiones subsidiarias.
2.1. Dichas reclamaciones, son del siguiente tenor:
TERCERO.- Que la misma FUNDACIÓN DE VIVIENDA POPULAR (sic), SERVIVIENDA, está en la obligación de pagar el valor de los perjuicios causados, de que se dio cuenta en el hecho 6 de esta demanda, y que sintéticamente se resumen así:
Por DAÑO EMERGENTE, la suma de ciento ochenta millones de pesos m.l. ($180.000.000.oo).
Por LUCRO CESANTE, la suma de doscientos un millones seiscientos mil pesos ($201.600.000.oo).
Los guarismos anteriores serán corregidos de acuerdo con la devaluación habida para traducirlos en valores reales y no meramente nominales. A partir de la ejecutoria del fallo ganarán, esas sumas, intereses a la tasa legal.
CUARTO.- Se acumula como pretensión [s]ubsidiaria eventual de la pretensión primera principal:
Se conden[e] a Carlos Mario Cárdenas Soto y a la Fundación de Vivienda Popular Servivienda, solidariamente, al pago de los perjuicios que se causaron a la demandada Beatriz Eugenia Montoya y que son los mismos que se enunciaron en los hechos de esta demanda y se repitieron en la pretensión tercera.
2.2. Esas específicas pretensiones se fundamentaron, esencialmente, en que la FUNDACIÓN DE SERVICIO VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA- fue la partícipe gestora en el contrato base de la acción; que como tal, administró el proyecto de construcción objeto del mismo; que actuó “culposamente”; y que, debido a ello, “es responsable de los perjuicios que por dolo o culpa causó” a la demandante.
2.3. Desde el punto de vista jurídico, en el mismo libelo introductorio se indicó que tal reclamación abreva en el artículo 200 del Código de Comercio, aplicable al contrato ajustado entre las litigantes en virtud del 513 de la misma obra.
2.4. Llegados a este punto, se torna necesario reproducir las apreciaciones que en torno de la acción de responsabilidad consagrada en el primero de los antedichos preceptos, consignó la Corte en la sentencia de casación dictada en este mismo asunto, así:
(…) Examinadas las normas que se ocupan del contrato de sociedad, en general, y las especiales de cada tipo societario, en conjunto con la que se deja reproducida, es dable visualizar que el legislador, además de la responsabilidad contractual fincada en el negocio jurídico que da origen a las sociedades comerciales y que vincula por igual a quienes lo celebran, estableció un régimen particular de responsabilidad en relación con sus administradores, que opera sólo respecto de ellos, nada más que en su condición de tales, y como consecuencia de las acciones u omisiones en que, mediando dolo o culpa, incurran al desempeñar dicha función, en razón del cual aquéllos deben responder por los perjuicios que ocasionen a la sociedad, sus socios o terceros, régimen que, cuando el administrador es una persona jurídica, se extiende solidariamente a su representante legal.
Sin duda, se trata de un régimen especial de responsabilidad civil cuyo propósito es brindarle a sus beneficiarios un mecanismo particular de reparación frente a las actuaciones de los administradores que afecten ilegítimamente sus derechos, y que, por sus características, no puede, ni debe confundirse con la estrictamente contractual -derivada de los conflictos que puedan presentarse entre los socios y la sociedad o de aquellos entre sí-, toda vez que dicha acción fue concebida como un instrumento adicional a ésta y porque la única razón de ser de la primera es el mandato expreso del legislador -que se activa por el contrato social y la actuación de los administradores-, lo que significa que su configuración y su efectiva aplicación, en ningún caso, depende de la mera voluntad expresada en el contrato social, al punto que, como ya se transcribió, en el inciso final del artículo 200 del Código de Comercio se dispuso que ‘[s]e tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos’.
En este orden de ideas, se debe destacar que las notas más significativas de la responsabilidad de que se trata y que, por lo tanto, permiten identificar su genuina naturaleza jurídica son las siguientes: se trata de un régimen particular de responsabilidad civil derivado del contrato social y de la actuación de sus administradores; los sujetos que en ella participan están definidos en la ley, en tanto que los titulares de la correspondiente pretensión resarcitoria son solamente la sociedad, los socios y los terceros con interés legítimo, mientras que los llamados a resistirla son quienes ostenten la calidad de administradores de la correspondiente persona jurídica, independientemente de que concurra en ellos la condición de socios; se deriva, exclusivamente, de los actos dolosos o culposos que éstos cometan en desarrollo de la administración que ejerzan, es decir, que el factor de atribución de la responsabilidad es de naturaleza subjetiva; en los supuestos de ‘incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos’ y de que los administradores ‘hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia’, se presume su culpabilidad; y, en virtud de dicho sistema, los administradores están llamados a responder en forma personal, autónoma e ilimitada, esto es, con total independencia de la responsabilidad que como consecuencia de esos mismos actos pueda desprenderse para la sociedad, como persona jurídica independiente tanto de sus socios como de sus administradores.

2.5. Ahora bien, en cuanto a la pertinencia de ese tipo de responsabilidad, en tratándose de los contratos de “cuentas en participación” y, por ende, del innominado que es fuente de la presente controversia, la Sala señaló:


(…) Siguiendo el hilo de la cuestión como se trae, propio es colegir, entonces, que por la remisión contenida en el ya invocado artículo 514 del Código de Comercio, es aplicable al contrato de cuentas en participación el comentado régimen especial de responsabilidad previsto en el artículo 200 ibídem, empero, como a continuación se puntualiza, adecuándolo a la naturaleza y características propias de este específico negocio jurídico.
En torno de las cuentas en participación, la doctrina jurisprudencial de la Sala tiene definido que se trata de un contrato ‘de colaboración’, ‘de carácter consensual’ y en virtud del cual ‘se permite que unas personas participen en los negocios de otras, mediante el aporte de dinero u otra clase de bienes, para desarrollar una o varias operaciones mercantiles determinadas, cuya ejecución deberá ser adelantada por una de ellas, llamada partícipe gestor, en su propio nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuentas a los partícipes inactivos, quienes ante terceros permanecerán ocultos, y dividir entre todos las ganancias o pérdidas en la forma convenida’, razón por la cual ‘su existencia, en principio, no se revela (…), pues el partícipe gestor es reputado único dueño de la empresa propuesta’, de donde ‘es claro que unas son las relaciones externas entre éste y aquéllos, y otras, las internas entre los partícipes’, las cuales ‘se rigen por las cláusulas de la participación o en su defecto los partícipes tendrán los mismos derechos y obligaciones que la sociedad en comandita simple confiere e impone a los socios entre sí, y en subsidio, las generales del contrato de sociedad’, sin que tenga lugar el ‘surgimiento de una sociedad propiamente dicha, porque a diferencia de ésta, el contrato de cuentas en participación, como se anunció, es de naturaleza consensual, y porque amén de que carece de patrimonio propio, distinto del de los partícipes, no puede haber autonomía patrimonial, precisamente al no existir personalidad a quien se le pueda atribuir ese patrimonio’ (Cas. Civ., sentencia del 4 de diciembre de 2008, expediente No. C-1100131030271992-09354-01).
No obstante esa singular textura del contrato de cuentas en participación, que, sin lugar a dudas, lo diferencia del de sociedad, principalmente porque, como ya se precisó, su celebración no da lugar al surgimiento de una persona jurídica, con todo lo que ello supone, es del caso señalar que en frente de dicho negocio jurídico se mantiene también un sistema dual de responsabilidad: por un lado, la propiamente contractual, derivada del negocio jurídico mismo, de la que son titulares la totalidad de los partícipes, incluso, el activo o gestor, y se dirige en contra del contratante que haya incumplido sus deberes de prestación y con ello causado daños; y, por otro, la especial consagrada en el ya varias veces citado artículo 200 del Código de Comercio, que en el supuesto del contrato ahora examinado sólo opera en contra del partícipe activo o gestor, como administrador del negocio común, ya se trate de persona jurídica o natural, y del representante legal de aquella, por razón de los actos dolosos o culposos de su administración, y en beneficio de los partícipes inactivos y/o de los terceros a quienes, con ese actuar, aquél les hubiere irrogado algún perjuicio.
(…) Se sigue de lo hasta aquí expuesto, la pertinencia e independencia de la acción intentada por la actora mediante la invocación de la pretensión subsidiaria, tal y como lo concluyó el Tribunal, y, además, que su configuración deriva, por una parte, de que la demandada, como partícipe activo y, por ende, administradora del negocio colectivamente buscado por los contratantes, hubiese incurrido en conductas dolosas o culposas en el cumplimiento de tal función, con infracción de sus deberes de conducta; por otra, que dicho proceder de la gestora hubiese producido un daño a la aquí demandante; y, finalmente, que entre la acción u omisión de aquélla y el perjuicio padecido por ésta, medie un nexo de causalidad adecuado.

(…) Y ello es así, porque no obstante que el contrato base de la acción no pueda ser calificado, en estrictez, como un contrato de ‘cuentas en participación’, habida cuenta que no está demostrado que, al momento de su celebración, la aquí demandante tuviera la condición de comerciante, condición que expresamente establece el artículo 507 del Código de Comercio, lo que determina, por una parte, que ese negocio jurídico no califique en rigor como tal y, por otra, que deba tenérsele como innominado o atípico, es patente, de un lado, según ya se indicó, que la conclusión del Tribunal a este respecto fue que el contrato se regía por las reglas de las cuentas en participación, conclusión que es inalterable para la Corte en esta sede extraordinaria por no haber sido asunto materia de la acusación, y, por otro, a que, en fin de cuentas, el negocio jurídico de que se trata está sometido a las normas de ese tipo contractual, por ser ellas las más próximas a su especial naturaleza, y que, como ya se analizó, en consideración al mandato del artículo 514 de la obra en cita, le sea aplicable el régimen especial de responsabilidad consagrado en el artículo 200 ibídem. Adicionalmente, no está de más destacar que en el texto del contrato celebrado por las partes se indicó que éste ‘se regirá en lo no previsto por los artículos 507 a 514 del Código de Comercio, y subsidiariamente por las normas de la sociedad comandita simple y los artículos 1262 y ss. del Código de Comercio (primera parte).

2.6. Y en punto del éxito de las aludidas pretensiones, esta Corporación conceptuó:


(…) Como se desprende del compendio que se consignó de los argumentos aducidos por el Tribunal en su fallo, dicha autoridad avizoró, en primer lugar, que Servivienda, como administradora del proyecto objeto del contrato celebrado por las litigantes, actuó negligentemente en el trámite que adelantó para que se impartiera aprobación al Plan de Manejo Ambiental que era necesario para la ejecución del mismo, puesto que sus gestiones se dilataron en el tiempo y no fueron desde un comienzo eficaces en procura de dicho fin; y, en segundo lugar, que esa demora trajo consigo que para la época en que se expidió por Corantioquia la Resolución Administrativa No. 2350 del 29 de mayo de 1998, en que se adoptó dicha determinación, ya estuviera en crisis la industria de la construcción y, por ende, resultara imposible la consecución de recursos económicos para la financiación del proyecto, factores que fueron los que condujeron a que, mediante acto posterior, la susodicha accionada optara por suspenderlo definitivamente, planteamientos que tampoco fueron controvertidos por el casacionista y que, por consiguiente, conservan toda su fuerza vinculante.

Siguiendo esa misma línea de pensamiento del ad quem, propio es señalar, entonces, que el acto de negligencia que en la sentencia recurrida se imputó a la citada fundación -la tardanza con que procedió en la realización del aludido trámite-, trascendió a los resultados del contrato, toda vez que determinó que Servivienda, posteriormente, aunque fundada formalmente en otras razones, decidiera suspender definitivamente el proyecto que en el contrato base de la acción se denominó ‘Villas de Jericó’.

(…) En ese orden de ideas, se concluye que el aludido proceder culposo de la demandada en cuestión, aunque no fue la causa exteriorizada para que ella, posteriormente, decidiera paralizar definitivamente el referido proyecto, sí provocó que las circunstancias que motivaron formalmente esa determinación -crisis de la construcción e imposibilidad de conseguir recursos para su financiación- incidieran de ese modo en el desenvolvimiento contractual, lo que pone en evidencia que la detectada falta de diligencia no fue una circunstancia inane sino que, por el contrario, afectó negativamente, en forma decisiva, el desarrollo del objeto del negocio jurídico materia del litigio.

(…) Esa visión de lo acontecido deja al descubierto que la conducta culpable atribuida a Servivienda significó para la actora, en concreto, que resultaran afectados ilegítimamente sus derechos contractuales como consecuencia del detenimiento del proyecto en sus inicios, toda vez que el fin perseguido con el negocio jurídico se frustró y, por lo mismo, no pudo llegarse a la fase de evaluar sus resultados económicos, sobre la base cierta de su efectiva ejecución, ni a establecerse si el negocio, luego de su completa culminación, hubiese arrojado ganancias o pérdidas para cada uno de los contratantes. Ese era el derecho de éstos y, adicionalmente, la razón y el objetivo, por una parte, de su decisión de vincularse al señalado proyecto y, por otra, del aporte que realizaron con el fin de participar en dicha operación comercial.

Así se desprende del contrato mismo, pues allí se convino que ‘los tres comerciantes (sic) contratantes toman interés en operaciones mercantiles determinadas, cuales son la adecuación, construcción, urbanización y mercadeo de viviendas de interés social en el municipio de Jericó (Antioquia) y concretamente en el predio que luego se especifica para ser ejecutadas por el partícipe gestor en su único nombre y bajo su crédito personal, con cargo de los tres partícipes en partes iguales, con la obligación de rendir cuenta y dividir con los partícipes inactivos los resultados del negocio en partes proporcionales a sus aportes’ (punto 1º; se subraya); que era obligación de los partícipes inactivos, ‘[h]hacer los aportes oportunamente en el fondo o cuenta especial que el Gestor destine para atender los gastos relacionados con la empresa’ (literal a, punto 4º); que la contratante ‘Beatriz Eugenia Montoya Villa aporta de contado $40.000.000, cuarenta millones de pesos, representados en el valor comercial del lote de terreno ubicado en el municipio de Jericó, sector El Faro, sobre la carrera quinta, con una superficie de cuatro hectáreas, con todas sus mejoras y anexidades’, que seguidamente identificó por su linderos, ‘[p]ropiedad que traspasó al Gestor para que pueda cumplir su encargo’ (literal c, punto 4º); y que ‘[l]a participación en las utilidades netas obtenidas será por partes proporcionales a la inversión y se liquidará al vender la totalidad de las unidades que conforman cada etapa, salvo que los partícipes quieran capitalizar o que el contrato termine antes, caso en que se liquidará proporcionalmente al período ejecutado’ (punto 5º; se subraya).

Y así lo contempla la ley cuando establece que ‘[l]a participación es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida’ (art. 507, C. de Co.; se subraya).
(…) Se suma a lo expuesto que la ilícita afectación de los derechos contractuales de la accionante repercutió negativamente en su patrimonio, en la medida en que, como se infiere de lo convenido entre las partes y de la copia auténtica de la escritura pública No. 246 del 10 de julio de 1995, otorgada en la Notaría de Jericó, su participación dio lugar a que ella, para cumplir con el aporte a que se obligó, transfiriera a la gestora demandada el dominio de la finca que era de su propiedad, sin que a cambio nada recibiera, por cuanto, como ya se destacó, el negocio proyectado no desarrolló ni se concluyó, tampoco operó la terminación del contrato y, por ende, no hubo, ni hay, lugar a su liquidación, sin que, entonces, la señora Montoya Villa pueda establecer si tiene derecho a recuperar su inversión y, adicionalmente, a percibir una utilidad o, por el contrario, le corresponde asumir alguna pérdida.

No pudiéndose confundir la comentada vulneración irrogada a los derechos de la demandante con la pérdida de la utilidad, propiamente dicha, que se hubiere podido derivar de la cabal ejecución del contrato, pues para cuando acaeció el comportamiento culpable de Servivienda, ese lucro era meramente eventual e incierto, toda vez que en ese momento sólo se habían realizado algunas acciones encaminadas a la construcción de las viviendas, las cuales eran del todo insuficientes para colegir que el negocio perseguido por los contratantes iba a producir ese resultado positivo, forzosas son las siguientes conclusiones:

(…) En primer lugar, que si la demandante reclamó en la pretensión subsidiaria, a título de indemnización, el pago del valor, por una parte, del predio que ella aportó al negocio común, cuyo dominio traspasó a la Fundación Servicio de Vivienda Popular -daño emergente-, y, por otra, de los frutos que ese inmueble le hubiese reportado de haber continuado en su poder -lucro cesante-, ello significa que su pretensión resarcitoria, en esencia, apuntó a que la decisión judicial la deje en la situación en la que dicha contratante estaría si el contrato finalmente frustrado nunca se hubiera celebrado, es decir, que retorne a su patrimonio lo que de éste salió como consecuencia de dicho negocio dispositivo e ingrese al mismo lo que él no pudo percibir por el hecho ilícito del demandado, como consecuencia de haber participado en el malogrado contrato base de este litigio -inversión-, petición que, al margen de que esté o no llamada a prosperar, no es merecedora de reproche en cuanto toca con su formulación.

Y ello es así, particularmente, por cuanto la demandante no está ejerciendo una acción de responsabilidad civil contractual en contra de quien fue su contratante, en cuanto tal, sino que está ejercitando, como ya se ha explicado, una acción de responsabilidad civil contra quien adelantó la administración del negocio inmobiliario finalmente frustrado, con fundamento en lo establecido en el artículo 200 del Código de Comercio, la que no depende, en general, de la subsistencia o aniquilación del contrato celebrado, ni de su liquidación, esto último, particularmente, porque la pretensión resarcitoria no está enderezada a obtener la indemnización del daño emergente o del lucro cesante derivados del incumplimiento de las obligaciones de Servivienda enderezadas a realizar la finalidad contractual, ni las indemnizaciones compensatorias o moratorias originadas en el incumplimiento de dicho negocio jurídico.

(…) Y, en segundo término, que en este caso particular no era viable perseguir, con el fin de que se reparara el comentado daño, la utilidad esperada del negocio proyectado por los contratantes, puesto que, como ya se observó, ella, conforme la evolución que tuvo el contrato, habría de considerarse como eventual e incierta.

(…) En todo caso, es pertinente observar que de conformidad con los principios que informan la responsabilidad civil y los desarrollos legislativos que en nuestro ordenamiento se han presentado al respecto, la indemnización de perjuicios debe atender el criterio de reparación integral (art. 16, Ley 446 de 1998), del que se desprende, como una de sus derivaciones, que, de manera general, la indemnización no puede ser fuente de enriquecimiento para quien ha sufrido un daño, lo que conduce sostener que las reparaciones de daños que se obtengan en asuntos como el que se analiza, v.gr., de los administradores a quienes se les imputa la responsabilidad civil reglada por el artículo 200 del C. de Co., y que resarzan integralmente los perjuicios padecidos por la víctima, obviamente no podrán ser perseguidas en otros procesos judiciales, así sean de diversa naturaleza, o, incluso, en trámites convencionales enderezados a la liquidación de los contratos en cuyo desarrollo tales perjuicios se hayan gestado.
2.7. El precedente análisis de la Corte, deja en evidencia la satisfacción de todos los elementos estructurales de la acción intentada.
2.7.1. Ningún resquicio de duda queda sobre la culpa de la FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA-, puesto que su actuación como administradora del proyecto de construcción objeto del contrato en cuestión, fue negligente, particularmente, en todo lo relacionado con la consecución de la aprobación del “Plan de Manejo Ambiental”, que era necesario para el adelantamiento del mismo.
2.7.2. Igualmente está comprobado el daño, habida cuenta de que el indicado proceder de la mencionada demandada, vulneró el derecho legítimo que la actora tenía para que, cumplido a cabalidad el contrato, se estableciera, con fundamento en su ejecución, el resultado económico del mismo, evaluación que no fue, ni es, factible hacerse, debido, precisamente, a la parálisis indefinida del referido proyecto.
La supresión de esa prerrogativa incidió en el patrimonio de la víctima, pues la privó de la posibilidad, por un parte, de recuperar el aporte que efectuó, mediante la transferencia que hizo a la citada accionada del inmueble identificado en el libelo introductorio; y, por otra, de percibir una utilidad derivada de dicha inversión, que como es lógico entenderlo, era el propósito que persiguió cuando decidió participar en el negocio de construcción del proyecto que denominaron “Villas de Jericó”.
2.7.3. Por último, es innegable el nexo de causalidad existente entre la conducta desplegada por SERVIVIENDA y la advertida afectación de los derechos de la señora MONTOYA VILLA, pues fue a consecuencia de la notoria torpeza con la que aquélla procedió, como administradora del proyecto de construcción “Villas de Jericó”, que se produjo la advertida parálisis contractual, al punto que si dicha partícipe gestora hubiese actuado con la diligencia debida, las obras no se habrían retardado y el proyecto de vivienda no se habría visto afectado por la crisis de la construcción y la dificultad para conseguir los recursos económicos para su financiamiento, que fueron las razones en las que la accionada sustentó su decisión de suspenderlo indefinidamente.
Y fue, se reitera, esa detención indefinida del negocio común, la que, en el plano económico, tornó negativo el aporte que de la identificada finca efectuó la aquí accionante, elemento que salió de su patrimonio sin que ella recibiera nada a cambio.
2.8. La acción, en definitiva, se avizora exitosa.
3. Las excepciones.
3.1. Al responder el libelo introductorio, los accionados adujeron como tales, las siguientes:


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