Corte suprema de justicia



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LA APELACIÓN
Como ya se dijo, fue propuesta en nombre de la demandante Beatriz Eugenia Montoya Villa.
En cuanto hace a los argumentos con los que se sustentó el recurso, basta decir:
1. En el escrito mediante el cual se planteó la alzada, que obra a folio 194 del cuaderno No. 1, solamente se criticó la “valoración de la prueba”, sin otras especificaciones; se puso de presente el carácter general y abstracto de los razonamientos del a quo; se afirmó el desconocimiento, por parte de éste, del incumplimiento contractual derivado de la suspensión del contrato; y se señaló que “tal suspensión unilateral e inconsulta, se hizo por el delegado de Servivienda, sin que en el plenario esté demostrada ninguna causa de fuerza mayor o caso fortuito que le permitiese(…) actuar de esa arbitraria e irresponsable manera”.
2. En las alegaciones de segunda instancia (fls. 19 a 33, cd. del Tribunal) se memoraron las pretensiones incoadas, los fundamentos en que se soportaron las mismas, los planteamientos expuestos por los accionados al contestar el libelo introductorio y los argumentos esgrimidos por el a quo en su fallo.
En desarrollo de lo último, el recurrente elevó las siguientes censuras:
2.1. Erró el juzgado del conocimiento, al concluir que el contrato ajustado entre las partes era de “cuentas en participación”, como quiera que la actora no tenía, ni tiene, la condición de comerciante y que, debido a ello, dicho acuerdo de voluntades es “innominado”, pero sometido a las reglas de esa tipología negocial, por la proximidad con ella.
2.2. También se equivocó cuando dedujo, que uno de los motivos del incumplimiento denunciado fue la falta de prórroga de la convención, planteamiento que no efectuó la actora. Añádese a ello, que el argumento para desvirtuar esa supuesta omisión de las partes, luce incoherente, pues no se entiende cómo, de la pretensión de resolución contractual, puede inferirse la vigencia del acuerdo ajustado entre los litigantes, como lo predicó el a quo.
2.3. No son ciertas las explicaciones de los demandados para desvirtuar el incumplimiento que se les imputó, habida cuenta que es un hecho incontrovertible, la paralización por su parte del proyecto objeto del contrato base de la acción, sin mediar justificación alguna.
2.4. Fantasioso fue el vacío que el juzgador de instancia apreció en la demanda, en lo tocante con, de un lado, los efectos que se derivaron de la suspensión del contrato y, de otro, el nexo causal entre esa decisión y los perjuicios experimentados por la actora.
2.5. Es notoria la deficiente apreciación de las pruebas existentes en el proceso.

3. A decir del acta en la que se recogió la audiencia practicada el 21 de junio de 2007 con fundamento en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, “[l]a inconformidad es total con el fallo de primera instancia”, que se concretó en tres puntos:


3.1. En primer lugar, la “[n]aturaleza jurídica del acto cuentas en participación”, como quiera que la demandante no era comerciante cuando celebró el contrato fundamento del litigio.
3.2. En segundo término, el “incumplimiento de las demandadas”, pues está comprobado que “[l]a fundación San Francisco (sic) no entregó el dinero y Servivienda no realizó las prestaciones a las que estaba [comprometida], en tanto que se suspendió el desarrollo del proyecto de construcción, por lo que no entregó la urbanización convenida, obligación de resultado que conlleva una presunción en su contra”.
3.3. “Indemnización de perjuicios. El único bien de la demandante era el bien entregado, el cual perdió todas las condiciones que tenía antes de haber sido entregado, por lo que los perjuicios ocasionados son la pérdida de su bien y las condiciones de la demanda”.
4. En el memorial presentado por la parte demandante, como resumen de los planteamientos que efectuó en la audiencia relacionada precedentemente, su apoderado, entre otras manifestaciones, expuso las siguientes:

4.1. Tras advertir el influjo ejercido por la Constitución Política de 1991 en las decisiones judiciales, observó:


El acontecimiento concreto de la vida que constituye el objeto litigioso de este proceso corresponde a la tragedia que viven Beatriz Eugenia y su familia desde hace más de diez años cuando entregaron a Servivienda su único patrimonio: la casa finca de cuatro hectáreas de superficie con instalaciones adecuadas para una empresa familiar cafetera y toda la dotación necesaria para el buen vivir de una familia acomodada del pueblo de Jericó, Antioquia.
Servivienda se comprometió a aportar cuarenta millones de pesos ($40.000.000,oo), y construir vivienda urbana de interés social, y la Fundación San Francisco de Sales aportaría igualmente cuarenta millones de pesos ($40.000.000,oo).
La Fundación San Francisco de Sales, hizo su aporte (…) tardíamente (en agosto de 1998,…). Concilió luego con Servivienda y recibió setenta millones de pesos ($70.000.000,oo). Luego, se valorizó su aporte. El incumplimiento no obedeció a disminución de capital. Servivienda insiste en quedarse con la obra. La propiedad raíz en Jericó en doce (12) años se ha valorizado en un 200%. Para quién? Para Servivienda que logró el traspaso de la propiedad de la cual fue despojada Beatriz Eugenia y su familia. El documento de ‘conciliación’ reza que Servivienda se hace dueña del proyecto.
Cuando Beatriz Eugenia Montoya Villa entregó su tierra[,] en ella se hallaba edificada una casa de dos plantas, con 400 metros cuadrados de construcción, silo para ACPM con capacidad para secar 100 arrobas de café, beneficiadero completo para café, pesebreras, cerca de alambre de púa. Un sembrado de 225.000 (sic) palos de café en plena producción, bien administrados, levantados sobre un suelo de excelente calidad. Las mejoras fueron demolidas íntegramente entre el 18 y 22 de octubre de 1995, por orden de Servivienda.
El cuadro fáctico que espera justicia es pues el siguiente. La Fundación San Francisco de Sales tiene setenta millones de pesos ($70.000.000,oo). Servivienda ‘se hizo dueña del proyecto’ y es propietaria inscrita del inmueble de Beatriz. Beatriz Eugenia Montoya Villa y su familia lo han perdido todo y han padecido ingentes perjuicios por el incumplimiento contractual de Servivienda y de la Fundación San Francisco de Sales que demoró la entrega de los cuarenta millones de pesos ($40.000.000,oo). El gerente Carlos Mario Cárdenas tiene una responsabilidad solidaria con Servivienda.
4.2. En lo restante, el recurrente expresó:
4.2.1. El contrato celebrado por las partes, no corresponde a uno de “cuentas en participación”, propiamente dicho, pues ninguno de los contratantes era comerciante al momento de su celebración, amén que la construcción de vivienda de interés social, no es una actividad mercantil, sino una sometida a un régimen legal especial.
4.2.2. Debió aplicarse el artículo 1546 del Código Civil, toda vez que la demandante cumplió las obligaciones a su cargo, como quiera que entregó el inmueble de su propiedad, mientras que las accionadas, no atendieron las suyas, particularmente, la FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA-, pues admitió que suspendió el proyecto de construcción sobre el que versó el contrato materia del litigio, inejecución que “hace presumir la culpa del obligado incumplido, quien tiene entonces la carga de la prueba del caso fortuito, única eximente de su responsabilidad. Ese caso fortuito no ha sido demostrado. Menos la fuerza mayor”.
4.2.3. El convenio de las partes “presenta una doble faz: de un lado se tipifica la enajenación de propiedad raíz como contrato instantáneo, el mismo en referencia con el cual se debe decretar la resolución con efectos ex nunc. La otra fase es la de ejecución de las obras, fase de tracto sucesivo, en relación con la cual el decreto que corresponde es el de terminación del contrato por incumplimiento del demandado. Tanto la resolución como la terminación son acumulables con la condena al pago de perjuicios”.

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