Corte suprema de justicia


EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA



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EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Luego de memorar lo acontecido en el proceso, de compendiar tanto los pedimentos de la actora como las defensas de los demandados y de relacionar las pruebas recaudadas, el a quo expuso:
1. El contrato base de la acción corresponde a uno de “cuentas en participación”, contemplado en el artículo 507 del Código de Comercio, puesto que así se desprende de sus propias estipulaciones y porque los elementos de juicio con que aquí se cuenta, informan que la demandante participó en él, como comerciante.
2. Se sigue de lo anterior, que los intervinientes en el proceso tienen legitimación en causa por activa y por pasiva, habida cuenta que la actora y los accionados integran los extremos del dicho nexo negocial.
3. Las pretensiones no están llamadas a acogerse, por las siguientes razones:
3.1. “(…) si se solicit[ó] la resolución del susodicho contrato, es porque, tanto la parte actora, como la parte demandada ([é]sta por su contestación), consideran aún vigente la relación”; y de ello se colige, “que aquellas acusaciones que se lanzan en contra de los demandados, especialmente contra la Fundación Servivienda, no tienen ningún fundamento serio, por ello, en relación con tales aseveraciones debemos concluir que no se configuran, lo mismo que se precisará al desatar la instancia con todos sus efectos procesales y legales pertinentes”.
3.2. Los testimonios recepcionados, en particular, las versiones suministradas por los señores José Aldemar Criales, Luis Guillermo Lopera Maya y Nelly Murillo, dieron cuenta del pago de los aportes que correspondían a las fundaciones convocadas en este asunto.
3.3. No puede tenerse como motivo de incumplimiento, el hecho de que no se hubiere prorrogado el contrato, planteamiento que se contrapone a la naturaleza misma de la acción intentada, pues como ya se observó, la resolución deprecada presupone la vigencia del contrato, lo que excluye que fuera viable extender su duración.

3.4. La suspensión del contrato por parte de la demandada FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA-, no es una determinación constitutiva de incumplimiento, como quiera que fue resultado de circunstancias ajenas a su voluntad, toda vez que las pruebas recopiladas acreditan que ella procuró, por todos los medios a su alcance, sacar adelante el proyecto objeto de ese acuerdo de voluntades.


Se cuenta aquí con un “amplio conjunto probatorio documental y testimonial que nos dice(…) de los esfuerzos hechos por la demandada SERVIVIENDA, tendientes al buen éxito del negocio celebrado, y que nos indica(…) además que las dificultades en el desarrollo de las obras no pueden imputársele a ella. Toda la documentación aportada nos lleva a inferir de parte de la demanda (sic) una atenta gestión en el desarrollo y ejecución del programa, lo cual, como vemos adelante, es ratificado por algunos testigos que tuvieron participación en el proyecto”.
Añádese que, “[c]omo lo advierte la fundación, a través de su apoderado judicial, la forma en que actuó su representante fue previst[a] dentro de las estipulaciones consignadas en el contrato, específicamente en los párrafos tercero y cuarto del ordinal segundo; y si observamos las obligaciones generales no nos queda más que concluir que dicho ente a (sic) cumplido con la administración del proyecto conforme se dice allí, y conforme a la naturaleza del contrato”.
Resulta inadmisible la afirmación de la gestora del litigio, consistente en “que el partícipe gestor actuó con negligencia”, toda vez que, “como lo indican algunos testigos, en folios 4 y 5 del cuaderno dos y 155 del cuaderno cuatro; dicha institución actuó de acuerdo a sus deberes, y específicamente uno de ellos, el señor Jesús Antonio Botero es muy claro cuando le señala responsabilidad a CORANTIOQUIA, y especialmente al señor Jaime Peña, representante de la demandante en dicho proyecto según se deduce de la declaración de ésta (ver folio 152 cuaderno 4 y 19 cuaderno 2), quien además, como se infiere de varios testimonios, asumió un papel activo en la obra y entorpeció la regular administración de [la] mism[a] al callar información necesaria … (ver folio 5 y 6 del cuaderno 2 y 128 cuaderno 4)”.
3.5. La comentada decisión de suspender el proyecto, no fue prevista en el contrato como motivo de incumplimiento y no aparece relacionada como tal “en las normas supletivas a que nos remite el artículo 514 del código comercial”.
4. La petición de los demandados de que se resuelva el contrato, pero en términos muy distintos a los especificados en la demanda, “tiene que ver más con una terminación del convenio que con la resolución y sus efectos, y en ese sentido no sería posible acoger tal solicitud, pues los efectos que conllevan la declaratoria de dichas figuras, como se sabe son muy disímiles. (…). La resolución tiene como fundamento el incumplimiento, y su declaratoria implica sanciones al incumplido (Art. 1546 C.C.), lo cual no se ha demostrado en este asunto, y los efectos de terminación solo acarrearían la simple liquidación del contrato de acuerdo con los términos del mismo”.


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