Corte suprema de justicia



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ANTECEDENTES
1. Por los alcances reducidos de este fallo de reemplazo, como adelante se especificará, basta aquí, en relación con la demanda iniciadora del litigio (fls. 6 a 15, cd. 1), recordar:
1.1. Que en ella se solicitó, de manera principal, la resolución del contrato “innominado” celebrado por las partes, que ellas llamaron de “CUENTAS EN PARTICIPACIÓN”, debido a su incumplimiento por parte de las accionadas; y que, como consecuencia de ello, se condene a la FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA-, de un lado, a devolverle a la actora el inmueble que de ella recibió, como aporte al negocio que realizaron, y, de otro, a indemnizarle los perjuicios que le ocasionó, correspondientes al daño emergente, que tasó en la suma de $180.000.000, y al lucro cesante, en cuantía de $201.600.000, valores que habrán de corregirse monetariamente y que aquélla deberá pagar con los intereses legales que se causen, a partir de la ejecutoria de la sentencia que los reconozca.
Subsidiariamente se pidió, condenar “a Carlos Mario Cárdenas Soto y a la Fundación de Vivienda Popular (sic), Servivienda, solidariamente, al pago de los perjuicios que se causaron a la demandante Beatriz Eugenia Montoya y que son los mismos que se enunciaron en los hechos de esta demanda y se repitieron en la pretensión tercera”.
1.2. Desde el punto de vista fáctico, la gestora del litigio refirió las circunstancias que rodearon la celebración del negocio sobre el que versó la acción, las prestaciones que de él se derivaron para las litigantes, el cumplimiento de las que surgieron a cargo suyo, la defectuosa ejecución de las radicadas en cabeza de las demandadas y las características que tenía el inmueble que aportó en virtud de esa convención, para cuando lo transfirió.
Adicionalmente, observó que “[e]ntre octubre 18 y 22 de 1995, por orden de la Fundación, derribaron todas las mejoras, incluidos los cafetos, descapotando además todo el terreno sembrado de café, y quitándole a éste, desde luego, su fertilidad o capa vegetal. He de agregar que la casa servía de habitación a la demandante y su familia, y por el motivo aquí enunciado, ella y los suyos quedaron privados de vivienda. (…). Por causa de la demolición de las mejoras, de la destrucción de la cafetera (bien administrada y con una producción alta por palo, de unos ochocientos gramos anuales por unidad), la demandante ha sufrido muchísimos perjuicios, tanto por razón del daño emergente [como] por el lucro cesante, (…)”.
A continuación puntualizó que el primero de tales rubros, está integrado por los siguientes ítems: demolición de la casa, $40.000.000; demolición del silo e instalaciones, $10.000.000; demolición del beneficiadero de café, pesebrera y cercos, $15.000.000; destrucción de 25.000 cafetos en producción, $100.000.000; destrucción de la capa vegetal, $15.000.000. Totaliza el daño emergente la suma de $180.000.000.
Respecto del lucro cesante, indicó:
Se han dejado de percibir los frutos del café desde el momento de su destrucción, en octubre de 1995 hasta la fecha de esta demanda y lo que se dejará de percibir durante el curso del proceso, y ha sido imposible gozar de la habitación de la casa. Estos 2 conceptos los concreto así:
a.- Por café: 1.600 arrobas anuales, que dejan una utilidad de treinta millones netos por año: durante 6 años hasta hoy, son $180.000.000.
b.- Valor anual de la vivienda derruida: tres millones seiscientos mil pesos año (3.600.000), durante 6 años hasta hoy, son $21.600.000.
Total lucro cesante $201.600.000.
Adelante añadió:
9. La posesión del bien enajenado a SERVIVIENDA está en cabeza de esta entidad, quien ha obrado de mala fe. Despojó a mi poderdante del único bien que integraba su patrimonio, de manera dolosa y aprovechada, consiguiendo para sí un inmueble valioso y a cambio del cual la enajenante no ha recibido NADA. Solo pobreza, desesperación y mentiras: quedó totalmente arruinada sin justificación alguna.
10. Siendo la administradora del proyecto, o gestora en el contrato denominado por las partes de cuentas en participación, y habiendo actuado culposamente, la Fundación Servicio de Vivienda Popular Servivienda es responsable por los perjuicios que por dolo o culpa causó a mi mandante. Esta responsabilidad se predica igualmente, de forma solidaria del Dr. Carlos Mario Cárdenas Soto debido a su condición de representante legal de la fundación que culposamente incumplió el contrato y causó perjuicios con su actuar.
1.3. En el acápite que se denominó “DERECHO”, se precisó que:

En cuanto a la pretensión subsidiaria eventual, debe afirmarse que tiene origen en el artículo 513 del Código de Comercio, que traza sendas interpretativas para el contrato de cuentas en participación y muestra c[ó]mo (…) tal modalidad de contrato guarda similitud entrañable con la sociedad en comandita simple, pero para un negocio determinado. Así que los administradores o el gestor (y si es persona jurídica su representante legal también), tienen que responder de forma solidaria por los perjuicios que le[s] causen a los partícipes. Esta proposición jurídica, desde luego toca también directamente con el artículo 200 del Código de Comercio. Si el contrato, como lo pienso, es innominado o atípico por no ser todos los contratantes comerciantes, entonces se llega al mismo resultado, puesto que los contratos innominados, se regulan por las disposiciones de los contratos nominados a los que m[á]s se asemejen.
2. La totalidad de los demandados dieron contestación al libelo introductorio en un mismo escrito, en el que si bien es verdad, no se opusieron a la resolución reclamada, descartaron que tal pronunciamiento se hiciera con apoyo en el incumplimiento contractual denunciado, que negaron. Rechazaron las restantes súplicas allí elevadas y se pronunciaron de diversa manera sobre los hechos invocados. Además propusieron, con el carácter de meritorias, las excepciones que denominaron “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA”, “FALTA DE CAUSA PARA PEDIR” y “MALA FE” (fls. 99 a 109, cd. 1).
3. El Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia con sentencia del 4 de mayo de 2006, en la que declaró “fundada la excepción de falta de causa” (punto 1º), negó “lo solicitado por la señora Beatriz Eugenia Montoya Villa en su escrito de demanda” (punto 2º) e impuso el pago de las costas a ésta (punto 3º) (fls. 183 a 192, cd. 1).
4. Apelado que fue, por la actora, el comentado fallo, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, en el suyo, que data del 5 de septiembre de 2007, confirmó la negativa de las pretensiones; revocó el reconocimiento que allí se hizo de la referida excepción, así como de la condena al pago de las costas a cargo de la accionante; y, finalmente, dispuso que no había lugar a este rubro “en ambas instancias de conformidad con lo expresado en las consideraciones” (fls. 56 95, cd. del Tribunal).
5. La Corte, en sentencia del 26 de agosto de 2011, casó la de segunda instancia, “pero sólo con alcances parciales, esto es, únicamente respecto de la Fundación Servicio de Vivienda Popular -Servivienda- y en cuanto negó la prosperidad de la pretensión indemnizatoria presentada en forma subsidiaria” (fls. 84 a 140, precedentes).

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