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EL GOBIERNO CANARIO LLEVA AL BORDE DE LA QUIEBRA A VARIAS CONSTRUCTORAS



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EL GOBIERNO CANARIO LLEVA AL BORDE DE LA QUIEBRA A VARIAS CONSTRUCTORAS


El Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias adeuda en la actualidad subvenciones por un importe superior a los ocho millones de euros a diversas empresas de construcción y promoción inmobiliaria del Archipiélago, de las cuales una decena de ellas están asentadas en la provincia tinerfeña. Esta deuda data de 2010, cuando el Gobierno autonómico concertó el último Plan de Vivienda, que abarcaba el período 2009-2012, a través del cual se posibilitó el acceso a una vivienda de protección oficial en distintos puntos de la geografía regional a familias desfavorecidas. Igualmente, buena parte de los ciudadanos que se acogieron a las ayudas para la adquisición de este tipo de construcciones aguardan también el ingreso de la subvención comprometida hace ya más de cinco años.

El Ejecutivo regional puso en marcha este plan para facilitar a las familias con escasos recursos el acceso a una vivienda de protección oficial (VPO), abaratando notablemente su coste gracias a la subvención a la promoción y construcción de estas edificaciones y, por otra parte, concediendo ayudas directas a los ciudadanos que accedieron a estas viviendas preferenciales.

Las sociedades afectadas estudian tomar medidas conjuntas y exigir responsabilidades

Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, entre las empresas gravemente afectadas por el incumplimiento en el abono de esas subvenciones por parte del Gobierno de Canarias se encuentran también algunas entidades públicas -como es el caso de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (Visocan), dependiente, curiosamente, del mismo Gobierno de Canarias-, que padecen una angustiosa crisis de tesorería provocada por la paralización de estos pagos y que ya empieza a hacer tambalear su continuidad. Por su parte, las empresas privadas afectadas se reunirán en los próximos días para estudiar cómo llevar a cabo acciones conjuntas con la finalidad de que se proceda al cumplimiento de los compromisos asumidos en 2010 y, al mismo tiempo, se depuren las responsabilidades políticas y jurídicas que procedan.

No obstante, más allá de emprender acciones para desbloquear esta situación, fuentes cercanas a las citadas empresas privadas alertan del peligro que supone esta situación y que en varios casos ya amenaza, incluso, con llevarlas a la quiebra en muy poco tiempo. De hecho, varios responsables de las empresas afectadas aseguran que si el Gobierno de Canarias no toma cartas en el asunto de manera inmediata muchas de estas constructoras y promotoras se verán obligadas a cerrar forzadas por la deuda que el Instituto Canario de la Vivienda mantiene con estas sociedades mercantiles.




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